Semarnat de Peña: destruir antes que proteger

Las decisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de la protección del medio ambiente parecen girar alrededor de tres consignas: otorgar permisos para la devastación, debilitar a las instituciones y descuidar a las organizaciones sociales y activistas que defienden y protegen el medio ambiente. 

Hace una semana, de forma casi clandestina bajo el velo de la madrugada, se llevó a cabo la tala de manglares en Tajamar, Cancún. Meses antes, organizaciones sociales y activistas habían advertido de la devastación natural que estaba por suceder. Incluso se presentó un amparo en el que niñas y niños de las comunidades solicitaban que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detuviera las obras con las que se pretende instalar un hotel de dimensiones injustificadas para la demanda turística en un espacio ecológico protegido, que amortigua a la costa frente a tormentas e inundaciones, que otorga control de la erosión, amortigua naturalmente los cambios climáticos y además es una fuente de flora y fauna. Sin embargo, las prioridades de Semarnat están invertidas: otro negocio más para beneficio de unos cuantos sobre el beneficio colectivo e irremplazable que ofrece un manglar. 

La primera consigna queda evidenciada con las declaraciones del titular de la Semarnat, quien pudo deslindarse en tanto el permiso para la tala de decenas de hectáreas de manglar fue otorgado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en 2005, por Ricardo Juárez, el entonces titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, a quien se inhabilitó en 2007 por haber concedido al menos 70 permisos irregulares. Sin embargo, el secretario asumió el proyecto que se inició con el gobierno de Felipe Calderón argumentando en un comunicado que el proyecto implica la construcción de un desarrollo inmobiliario en el manglar Tajamar: De acuerdo con el comunicado de la Semarnat, el proyecto “cumplió con los requisitos establecidos en las leyes ambientales y respetó el rescate de fauna” y contrarrestando las evidencias que las organizaciones sociales presentaron con fotos de decenas de cocodrilos y otras especies en peligro de extinción trituradas y sepultadas, el comunicado asegura que “la presencia de diversas especies, hoy en día, corresponde a la actividad cotidiana del ecosistema de la zona”. ¿De las 22 empresas que impulsaron la devastación del manglar Tajamar cuántas tienen ligas con políticos afines a este gobierno? 

Por otro lado, como lo ha documentado la asociación civil CeIBA a través de un pronunciamiento avalado por su presidente Enrique Provencio y por varios especialistas medioambientales y académicos del país, enfatiza la urgencia de fortalecer con presupuesto y capital humano a organismos como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que sufrieron para este año una reducción presupuestaria del 26% y que además de carecer de personal suficiente cuentan con sueldos que no corresponden a sus funciones, sumando a esto la precariedad de infraestructura con la que tienen que trabajar. Este pronunciamento también desvela las invertidas prioridades que el gobierno federal muestra en su administración, en tanto que México invierte en protección y manejo sustentable sólo la quinta parte de lo que cuesta la degradación ambiental. 

Otro foco rojo es el amedrentamiento y criminalización por la que atraviesan activistas ambientales en nuestro país. De acuerdo con la organización Greenpeace, el acoso a los ambientalistas es una constante en México, ya que tan sólo de enero de 2013 a abril de 2014 se reportaron 82 casos de ataques y tres asesinatos. En este sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, señaló que existe una “tendencia creciente” en las agresiones, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo de enero 2013 a abril 2014; y a 109 durante el lapso de mayo 2014 a junio 2015. 

La suspensión de la obra Malecón Tajamar que ha devastado el manglar en un 90% es temporal, aun así puede abrir una luz como referente de la urgencia de fortalecer a las instituciones de protección de medio ambiente este mismo año, la verificación estricta de proyectos de infaestructura que atentan diariamente contra áreas protegidas y la supresión de los procesos de corrupción que se reflejan en cataclismos avalados por el gobierno. En plena crisis económica, con una devaluación que parece no controlarse, con la caída del precio del petróleo y obteniendo el reconocimiento como uno de los países en los que la violación de derechos humanos es la constante, ¿el gobierno federal buscará ahora ser identificado como uno de los destructores medioambientales más negligentes del mundo?