La agenda del día después

¿Qué sigue? nos preguntamos todos. Después de conocer los resultados electorales del 6 de junio y desahogar durante el verano los contenciosos electorales, llegará agosto con noticias relevantes. Después de la dispendiosa, absurda y superflua consulta sobre la surrealista pregunta que redactó la Suprema Corte, corrigiendo al Presidente vendrán los asuntos que sí importan. Uno de ellos es la decisión que tome la Suprema Corte sobre la "ley Zaldívar". Otra será la instalación de la LXV Legislatura que recupera en gran medida el pluralismo perdido en 2018 cuando Morena y aliados acapararon la sobrerrepresentación parlamentaria por más del doble permitido por la Constitución. Una tercera va a ser la toma de posesión de las nuevas autoridades electas a nivel local, gobernadores, presidentes municipales o alcaldes y legislaturas estatales.

La suerte que corra el artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial definirá la conducta del gobierno ante la Constitución. De considerarse válido su contenido y aceptar la prolongación por dos años del mandato del ministro Zaldívar al frente de la Corte, se dará la señal de que la mayoría morenista podría legislar contra la Constitución y propiciar un gobierno que actúe "legalmente" al margen de la constitucionalidad, mediante un "narco túnel constitucional" como bien lo describió Carlos Bravo Regidor (Reforma 17/06/21). Si esto fuese así, la Corte traicionaría su encomienda como garante de la Constitución y perdería toda credibilidad, de por sí ya estropeada por sus titubeos ente el Ejecutivo.

La agenda legislativa de las bancadas parlamentarias deberá conocerse muy pronto. Morena tendrá por sí solo 197 curules (54 menos que antes) y tratará de despachar lo que le llegue de Palacio Nacional, pero tendrá que formar mayorías simples con otros partidos. Entre más alta la apuesta, más caro le costarán los votos de sus aliados. Pronto se anuncian tres de alto calado: el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, la reforma electoral para disminuir o eliminar la representación proporcional y al INE y los refuerzos que le quieren dar a la CFE, que se ha convertido, junto con Pemex, en el mayor lastre fiscal del país. Las tres requieren de modificaciones constitucionales, por lo que de entrada parecen quiméricas. Sin embargo, hay que advertir que de aprobarse estas propuestas se asegurarán tres cosas: la consumación de la militarización de la seguridad, el retroceso de la representación democrática nacional y la elevación del costo económico y ambiental de la energía bajo los prejuicios de un nacionalismo obsoleto. Estas amenazas y otras ocurrencias de esa distopía llamada Cuatro T solamente podrán ser contenidas con la defensa uniforme de la oposición aliada en la Cámara de Diputados. En lo inmediato debería expandir el bloque de contención para la defensa de la Constitución y los derechos democráticos de los mexicanos.

La geografía política cambió a favor de Morena que se lleva, a la sombra del narco, 11 de 15 gubernaturas en disputa y se convierte en el partido que más entidades gobierna. Sin embargo, este panorama no se reflejó directamente en las elecciones municipales. Morena gobernará menos capitales estatales que en los tres años anteriores, y las principales ciudades del país se repartieron provocando su retroceso. El ejemplo más llamativo ha sido la Ciudad de México. Quizás el fenómeno electoral más importante haya sido la inversión del sentido de la votación del electorado más educado que retiró la confianza en Morena. Esto es lo más difícil de digerir para el partido de gobierno, que dilapidó su capital político al apartarse de los valores constitucionales.

(Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM)

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