Impunidad, el cáncer social

El acceso a la justicia es la única forma de erradicar la impunidad, sin embargo, se estima que el 95 por ciento de los feminicidios que se registran en México no tienen consecuencias, por la falta de investigación o porque las carpetas de investigación no se judicializan.

El feminicidio es una pandemia que se mantiene al alza por sexto año consecutivo.  De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sesnsp, en el primer mes del año se registraron 72 feminicidios, es decir dos casos más, con relación a enero de 2019.

Es el contexto en que se han cometido feminicidios tan atroces como los de Ingrid y Fátima, casos que han generado una gran conmoción social porque visibilizan lo que desde hace más de tres décadas se ha denunciado, a las mujeres las matan por el hecho de ser mujer, por ser “desechables”, porque pueden matarnos y evadir la acción de la justicia.

A Abril Pérez Sagaón, Ingrid, Vanessa y Fátima no les arrebató la vida un asesino serial, sino sus parejas sentimentales y conocidos del entorno familiar.

Las carpetas de investigación de Ingrid y Fátima se judicializaron debido a la conmoción y presión social; además, debemos recordar que fueron los familiares quienes aportaron las pruebas iniciales que llevaron a la identificación y detención de los presuntos feminicidas. Los presuntos agresores ahora se encuentran en reclusorios de la CDMX.

El feminicidio no es una violencia más, por tanto es un delito que no se inhibe subiendo las penas, como ha quedado demostrado en los estados que las han incrementado: Zacatecas y Guanajuato tienen penas de hasta 60 años; Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, lo tipifican de 40 a 70 años de prisión.

De acuerdo con los registros del SESNSP, son entidades que están en las primeras tasas de asesinatos de mujeres y por tanto de feminicidios. El problema es la impunidad, un caso reciente, que hoy es parte de ese 95 por ciento de los casos que ni siquiera llegan a los juzgados, es el de la modelo brasileña Vanessa, registrado el 1 de febrero pasado en la Ciudad de México.

Desde un inicio sus familiares responsabilizaron del feminicidio a su pareja sentimental, un empresario, de quien, al día de hoy, se desconoce su paradero. Tampoco se ha ofrecido recompensa para su  localización y la integración de su carpeta de investigación registra dilación.

La impunidad es lo que ha llevado a la crispación social que se vive en nuestro país, y que va en aumento, porque el caso de Fátima evidenció la cadena de errores de las instituciones.

El caso de Fátima no solo es un caso de justicia, sino que es un tema que abre la enorme realidad de la desprotección en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en los hogares, en las escuelas y en los espacios públicos.

La situación de emergencia que vivimos a lo largo del territorio nacional por los feminicidios no es coyuntural sino estructural. Se ha construido un marco legal que retoma convenciones, protocolos e instrumentos internacionales, pero que no ha sido suficiente para transformar la realidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Se necesita una política integral para enfrentar el feminicidio, porque tiene causas específicas y se ejerce de una manera específica. Mientras lo sigamos poniendo como una más de las violencias, será muy difícil generar prevención y políticas públicas integrales.

Es urgente reconocer a las organizaciones civiles que llevan años luchando en contra de este flagelo; se debe escuchar a las víctimas que han sobrevivido a los feminicidios y a las familias, porque son quienes pueden identificar los aciertos y fallas de la procuración y administración de la justicia. Debemos tener claro que para reconstruir el tejido social, necesitamos escucharnos unos a otros.

Twitter: @Ale_BarralesM/Maestra en políticas públicas-El Universal