Garrotazos anticorrupción

En línea con la estrategia punitiva de combate a la corrupción que ha implementado la actual administración, el Senado aprobó la llamada Ley Nieto. Se trata de una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite el bloqueo de cuentas  bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que haya una orden judicial de por medio. 

La UIF es un brazo administrativo de la Secretaría de Hacienda, que produce información para el mapeo de redes de corrupción y para la conducción de investigaciones, pero que no cuenta con las atribuciones para perseguir delitos. El diseño de esta reforma genera dudas sobre su efectividad y, por el contrario, provoca incertidumbre sobre su posible utilización. 

Hay tres cuestiones que preocupan: la definición de los parámetros que utilizará la UIF para determinar cuáles son los “indicios suficientes” para determinar qué cuentas requieren ser bloqueadas. Anteriormente esto solo se podía hacer a solicitud de una autoridad internacional y como parte de una investigación en curso, tal y como lo había definido la SCJN. Ahora, la propia UIF definirá el qué, el quién y el cuándo. 

En segundo lugar, se trata de la forma en la que se notificará a la persona afectada. Aunque en la reforma quedó establecido que la institución financiera será la responsable de avisarle al cliente, inexplicablemente se eliminó el requisito básico de hacerlo por escrito. Con ello, el o la afectada recibirá una llamada telefónica, un correo o tal vez un mensaje de texto para enterarse de que básicamente está en la ruina. 

Finalmente, está la ruta que un implicado habrá de seguir si quiere impugnar. El dictamen contempla el derecho de audiencia pero no establece un plazo fijo para la integración de un expediente con lo que el bloqueo de cuentas puede prolongarse durante semanas o hasta meses.  

Para Santiago Nieto esta reforma atiende una laguna jurídica que fomentaba que los corruptos se llevaran el dinero del país. Sin embargo, cuando se trata de macrorredes criminales, el congelamiento de cuentas sirve de muy poco, si acaso, de alerta a las organizaciones que tienen una alta diversificación de instrumentos financieros y que pueden burlar las pesquisas iniciadas. Ahora bien, imagine el uso de esta poderosa herramienta, ya convertida en ley, para amedrentar a personas políticamente incómodas. Sin ninguna garantía de seguridad jurídica, habrá mucha política, mucha prensa, mucha vulneración de derechos y pocos resultados concretos contra la corrupción.