Crisis en la justicia

Este lunes David Fuentes publicó una nota acerca de la crisis que puede darse en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con motivo de la Covid-19. Dijo que por el cierre de juzgados y salas no se han iniciado alrededor de 64,692 juicios. Siendo correcta la información que presentó para la Ciudad de México, el llamado de atención debe extenderse a todas las judicaturas del país. 

Con motivo de la pandemia, los órganos de impartición de justicia cerraron sus actividades alrededor del 17 de marzo de 2020 y las abrirán, previsiblemente, el 3 de agosto próximo. Durante cuatro meses y medio las actividades ordinarias, ya de por sí complicadas, disminuyeron considerablemente, cuando no, de plano, prácticamente desaparecieron.

El efecto de estos cierres es, comenzando por lo evidente, que los asuntos que ordinariamente llegaban a los tribunales para ser resueltos, no han podido serlo en la misma escala. Si, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación reportaba en números gruesos el conocimiento anual de un millón de asuntos, y éstos se hubieren distribuido homogéneamente a lo largo de doce meses –lo que desde luego no sucede—, el número total de juicios no presentados se elevaría a 450,000. Suponiendo que, tanto por las condiciones de urgencia como por el uso de la justicia electrónica, se hubieran recibido, digamos, 100,000; en mis cálculos simples, habría alrededor de 350,000 casos que previsiblemente se presentarán en los próximos meses. Lo que desde luego hay que advertir es que la presentación de estos litigios no se dará conforme a la distribución ordinaria a lo largo de días y semanas, sino de manera acumulada en un lapso corto. Ello provocará la acumulación numérica y operativa que, a su vez, presionará en su adecuado desahogo. 

Adicionalmente al anterior problema, debemos tener en cuenta que, hasta aquí, únicamente hemos considerado la distribución anualizada de los asuntos que normalmente se presentan. Sin embargo, no sabemos cuántos más van a surgir de la dinámica Covid-19. Pensemos en despidos, incumplimientos de contratos, divorcios, delitos, acciones u omisiones de las autoridades nacionales y en todo aquello que la pandemia, fuera de las condiciones ordinarias de vida, ha producido y va a generar. Sé que no hay una acumulación directa entre las cuestiones estacionales y los derivados de la Covid-19, pero infiero que el incremento de los casos totales será una realidad. 

La advertencia que se ha hecho para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es válida y oportuna. Por lo mismo, es aplicable al resto de los órganos jurisdiccionales de todo el país. Con independencia de si pertenecen a la Federación o a una entidad federativa, de la jerarquía que tengan o de la materia de que se trate, todos ellos enfrentarán varios problemas comunes: la acumulación de los expedientes ordinarios, la aparición de nuevos y complejos asuntos por la pandemia, y la necesidad de resolver acumuladamente la suma de unos y otros, en un contexto de mal entendida austeridad pública.

La función de los órganos de impartición de justicia es resolver conflictos humanos mediante litigios. Desde luego se trata de un mecanismo imperfecto, pues no siempre se tiene la capacidad de comprender al conflicto en términos litigiosos, ni el litigio mismo tiene la posibilidad de resolver el conflicto originario. Con todo y que ello es verdad, el problema de que ni siquiera se logre tener la capacidad de conocer los problemas y de resolverlos dentro de ciertos plazos y con determinadas formas, es mucho más grave. Implica, para decirlo pronto, dejar numerosos problemas sin solucionar.

Por las magnitudes de asuntos que previsiblemente van a generarse y por los límites funcionales de los órganos de impartición de justicia, es previsible la aparición de una crisis que no será del tipo estrepitoso o radicalizado, sino más bien sutil y extendida. Implicará, desde otro frente, una erosión más a las ya de por sí maltrechas condiciones institucionales en las que el país se despeña.