Acuerdo de civilidad en territorio apache

A la sombra del acuerdo electoral que el presidente López Obrador firmó este martes con los mandatarios de las 32 entidades, existe un país en convulsión política, con partidos que mudan su rostro en forma incesante y poderes reales (como los empresarios, por mencionar solo uno) con un activismo no visto en décadas. Presenciaremos, sin duda, una insólita disputa por la nación.

En vísperas de que inicie la recta final del proceso que se consumará en poco menos de 10 semanas, con las votaciones de más de 17 mil puestos de elección popular, la violencia es ya un actor al desnudo, con casi 80 atentados —la mayoría mortales— en contra de candidatos desde septiembre pasado, más de la mitad de los 150 registrados en el periodo ligado a los comicios de 2018.

Frente a tal contexto, el propio Presidente decidió anunciar un presunto aumento —en realidad las regresó a montos antes existentes— en las pensiones para las personas de la tercera edad, lo que parece violentar su propio llamado a la civilidad y la equidad. Y en cambio, lanza una señal de que el campo electoral se torna territorio apache, donde todo se valdrá. Palacio Nacional pretende confiar el control de este vendaval a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal general, Alejandro Gertz. Pero ninguno de los dos ha recibido las herramientas para lograrlo.

Los gobernadores tendrán, ciertamente, un rol central en esta historia, en ejes no necesariamente ligados a los partidos que los llevaron al poder.

Un ejemplo claro lo ofrece San Luis Potosí, cuyo mandatario, el priista Juan Manuel Carreras, ha confesado en privado su convicción de que la suya fue la última elección que ganará el tricolor por muchos años. En semanas recientes, los líderes nacionales del propio PRI, el PAN y el PRD lo convocaron a definirse ante versiones de que Carreras jugaba dos manos, una con el abanderado de esa alianza, el panista Octavio Pedroza, y otra con Mónica Rangel, de Morena. "No lo duden, estoy con Pedroza", les dijo.

Desde Sinaloa, que gobierna el priista Quirino Ordaz, han surgido también señales de que no se cederá la plaza desde el palacio de gobierno en favor del morenista Rubén Rocha Moya, lo que ha mejorado la posición en las encuestas de Mario Zamora, del tricolor.

Esta misma postura está haciendo que Alfonso Durazo, de Morena, no se pueda despegar del priista Ernesto Gándara, cuya batalla sigue radicada en unir a los grupos de su propio partido, que lucen irreconciliables.

Más allá de estos referentes, es muy probable que este proceso resulte marcado por una transformación profunda en la vida de los partidos, con la virtual extinción del PRD, desfondado por la fuga de figuras nacionales y regionales hacia Morena; la regresión del PRI hacia enclaves regionales, y una incierta configuración en las derechas, solo comparable con el surgimiento del PAN a finales del sexenio de Lázaro Cárdenas, y su relanzamiento, de la mano empresarial, a la luz de la nacionalización bancaria por parte de José López Portillo.

Incluso la suerte que correrá Morena resulta un enigma, pues se trata de un fenómeno amorfo, que lo mismo ha dado cabida a la voracidad por los cargos burocráticos, que a facciones regionales cuyo comportamiento será cada vez más errático. La disputa interna por candidaturas le sigue imponiendo riesgos de fracturas profundas.

APUNTES: Esta columna observará un receso por dos semanas. Reanudará su presencia el martes 6 de abril, con el favor suyo y de este generoso espacio. 

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