Santiago Nieto, 4 años de forcejeos con Lozoya

Este pasado miércoles 20 de octubre se cumplieron cuatro años desde que el encargado de despacho de la desaparecida PGR, Alberto Elías Beltrán, destituyó al entonces Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, en un intento desesperado por detener una avalancha de investigaciones que terminarían por sacar a la luz los actos de corrupción de Emilio Lozoya y sus beneficiarios, considerados como unos de los casos más escandalosos en la historia del país.

Los caminos del exdirector de Pemex y el actual titular de la UIF se entrelazaron en aquella mañana –un viernes 20 de octubre de 2017–, cuando desde el Palacio de Cobián surgió la orden para pulverizar a Nieto, quien iniciaba una investigación que conectaría a los sobornos de Odebrecht con la campaña de Enrique Peña Nieto y que ponía en riesgo la continuidad del régimen priísta a tan sólo un año de la elección presidencial.

Nieto llegó a la Fepade como resultado del Pacto por México, con el que el estratega de Peña, Luis Videgaray, buscaba tender puentes con la oposición para asegurar los votos que necesitaban las llamadas reformas estructurales, entre ellas la energética, que después también fue impulsada, según los dichos del propio Lozoya, con los sobornos de la brasileña Odebrecht.

Al PRD le correspondió una de las Fiscalías que empezaban a experimentar con el concepto de la autonomía, por lo que el partido envió a quien consideraba una de sus mejores cartas en materia electoral, con experiencia en la sala regional del Tribunal en la materia y con una amplia trayectoria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Santiago Nieto también tenía experiencia —según me contó en una entrevista para el libro Lozoya, El Traidor— en los privilegios que Lozoya tenía o decía tener, pues en su juventud habían coincidido con amigos o personajes cercanos, cuando el hijo del funcionario salinista, Emilio Lozoya Thalman, se consideraba de la realeza o de una casta superior.

Esa necesidad de Lozoya por tener un trato especial fue lo que detonó la persecución contra Nieto. Tras iniciarse una investigación en la Fepade por financiamiento ilícito de Odebrecht a las campañas priístas, el exdirector de Pemex envió una carta a la Fiscalía no sólo para que se detuvieran las indagatorias, sino para que se declarara públicamente su inocencia.

En su texto, Lozoya hacía toda una descripción de su árbol genealógico; en especial, de la trayectoria de su padre como funcionario salinista y, de paso, una noción de la historia académica de su madre, Gilda Margarita Austin, quien habría coincidido en el colegio con la madre de Nieto, la antropóloga Aurora Castillo Escalona.

Pero la estrategia de contención del exdirector de Pemex no funcionó. La indagatoria por financiamiento ilícito a campañas electorales seguiría adelante y llegaría hasta las últimas consecuencias. La única alternativa para evitar que el escándalo internacional de Odebrecht dañara la imagen del presidente era eliminar al fiscal electoral.

La operación corrió a cargo del exoficial Mayor de la Segob, Jorge Márquez Montes; el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Cuatro años después, Santiago Nieto impulsa las investigaciones contra los involucrados en el caso Odebrecht, mientras que su verdugo, Elías Beltrán, enfrenta procesos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Las investigaciones lucen sólidas y se espera, como en el caso de Lozoya, la judicialización de sus expedientes.