¿Quién gobierna aquí?

Algunos de los documentos filtrados y hechos públicos la semana pasada por el grupo Guacamaya revelan que desde la Sedena se escribieron y presentaron al secretario de Gobernación dos iniciativas para darle facultades en materia de seguridad pública a la institución militar. La primera pretendía reformar la Constitución para que la Guardia Nacional quedara en la Carta Magna como una institución militar. La segunda, que se aprobó recientemente en el congreso, proponía una serie de reformas a leyes secundarias para dejar el control operativo de la Guardia Nacional en la Sedena. El presidente presentó esta iniciativa como propia. Las y los legisladores de Morena, y los de sus partidos aliados, defendieron y aprobaron la iniciativa —inconstitucional— de la Sedena sin chistar.

Llevamos por lo menos tres sexenios leyendo y discutiendo las mismas reformas legislativas —reformuladas con variaciones cosméticas— que buscan darle más poder en materia de seguridad a las fuerzas armadas, específicamente al Ejército. La Ley de Seguridad Interior buscaba hacer lo mismo que las reformas aprobadas recientemente: darle al Ejército facultades de policías, pero sin controles claros o mecanismos de fiscalización efectivos. El acuerdo militarista que emitió López Obrador en 2020 para hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, o la reciente reforma del quinto transitorio, que aún está por aprobarse en la Cámara de Diputados, pretenden algo parecido. Había sospechas y señalamientos de que esas propuestas salían de la oficina de Asuntos Jurídicos de la Sedena. Hoy, las filtraciones refuerzan esta idea y dan cuenta de la extensión del poderío que tienen los militares en México. No solo cuentan ya con un amplísimo presupuesto y múltiples mecanismos de financiamiento independiente, también se legislan solos. El Congreso federal sirve de ventanilla de trámite para darle a la milicia lo que exige y el presidente se ve cada vez más débil y sumiso frente a los mandos castrenses. 

Algunos analistas oficialistas aún insisten en que la militarización de la seguridad pública es necesaria e inevitable frente a las organizaciones de delincuencia organizada (a pesar de no existir ninguna evidencia que la sustente como una política pública exitosa, pero sí múltiples estudos que apuntan a sus riesgos). Afirman, como lo hacían antes quienes apoyaban la Ley de Seguridad Interior, que solo es necesaria una regulación clara para asegurar que el actuar militar no caiga en excesos. No, sin embargo, porque una y otra vez la legislación aprobada carece de controles civiles, de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La respuesta, cada vez más evidente, es que no se incluyen porque el Ejército legislador no los acepta. Quieren facultades de seguridad pública, con fuero militar y con la secrecía que acompaña una institución de seguridad nacional. 

Las filtraciones deberían haber provocado una reflexión nacional sobre el poder que tiene ya el Ejército en el país, y sobre su actuar ilegal. En lugar de ello, apuró al Legislativo para darles aún más poderes. Viene pronto la anunciada Ley de Ciberseguridad que busca evitar nuevos hackeos al gobierno. No tengo duda de que esa iniciativa pasará también por la Unidad jurídica de la Sedena y que procurará darles aún más poder, nuevamente a costa de nuestras libertades y seguridad procesal. (Profesora-investigadora del CIDE)

Twitter: @cataperezcorrea