¿Qué tan popular es la consulta?

La idea de llevar a juicio a varios expresidentes de la república es, por sí misma, un golpe de espectacularidad política, un atractivo gancho para el debate sobre los alcances reales de la democracia.

La propuesta de una consulta popular es positiva porque alienta la participación ciudadana, eso que los especialistas denominan democracia participativa, un concepto que otorga cierta dosis de poder al ciudadano común para decidir.

Este fue uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador al ganar la presidencia de México en la elección de 2018: estimular la participación ciudadana, que la gente se sienta parte de la toma de decisiones.

En ese contexto, colocó sobre el banquillo de los acusados a los expresidentes que formaron parte del periodo neoliberal, priistas y panistas por igual: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Hábil para fomentar el debate y la discusión, 'La Mañanera' es el ejemplo diario de ello, López Obrador planteó una consulta popular para juzgar a los exmandatarios. Los expresidentes neoliberales de México serán juzgados en esa plaza pública que es la urna.

En un país polarizado al extremo en el escenario político desde hace algún tiempo, donde todo es visto en blanco y negro, los críticos del lopezobradorismo cuestionaron la propuesta, el procedimiento y el alcance real de la consulta popular.

Más allá del maniqueísmo, muchas de esas críticas tienen fundamento: ¿Para qué aplicar una consulta entre los ciudadanos si existe un sistema legal para investigar y sancionar a un gobernante que haya cometido un delito, una irregularidad, un acto de corrupción?

El procedimiento, diseñado bajo una ley federal de consulta popular, también genera múltiples señalamientos al alcance real de una consulta popular: para que tenga un efecto legal, para que sea vinculante, se requiere la participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores.

Para la elección del pasado 6 de junio, el listado nominal contaba, en número cerrado, con 93 millones de electores. Es decir, para que la consulta popular tenga una repercusión jurídica se necesita que, en promedio. 37 millones de mexicanos vayan a votar el próximo primero de agosto.

Eso, por supuesto, no va a ocurrir ni este primero de agosto, ni en ningún otro en el futuro. Los mexicanos conforman una sociedad de baja intensidad, de escasa participación en el debate de los temas que afectan o influyen su entorno.

Si la consulta popular se hubiera aplicado el 6 de junio, cuando se renovó la Cámara de Diputados y se eligieron más de 20 mil cargos de elección popular en todo el país, otra cosa hubiera sucedido. La tasa de participación electoral fue de 53 por ciento.

Pero, justo ahí, es donde comienzan a surgir las sospechas: ¿Por qué se determinó que las consultas populares se realizaran siempre el primer domingo de agosto? En otras palabras, las consultas populares nunca coincidirán con un proceso electoral federal o local.

En esta consulta popular en particular, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la fecha oficial no se definió en el Congreso sino hasta finales de octubre del año pasado, cuando ya había iniciado el proceso electoral 2020-2021. Eso genera múltiples sospechas.

¿Y qué tal la etapa en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la pregunta para convocar a una consulta popular? Ya vimos que los magistrados serán especialistas del Derecho, pero no son muy duchos para redactar preguntas... sobre todo si se trata de proteger a toda costa a los integrantes de la clase política.

En la pregunta que aparecerá en la boleta del próximo domingo primero de agosto, los jueces de la Suprema Corte eliminaron los nombres de los cinco expresidentes de México que estarían en el banquillo de los acusados y a cambio plantearon una pregunta descafeinada, 'light' y que, por tanto, dice poco a los ciudadanos.

Está claro que la clase política en general no simpatiza del todo con la idea de que los ciudadanos tengan un grado de participación más activa en las decisiones. Para la clase política, la democracia representativa se ajusta a sus intereses: el elector va a las urnas, vota por un representante popular y ellos, los políticos, deciden el presente y el futuro. Y se acabó.

Pero hay algo más inquietante todavía y que, sin duda, reflejará el pulso del interés de los mexicanos en este tipo de instrumentos de participación democrática: ¿Cuántas personas asistirán a votar el próximo domingo primero de agosto? ¿Qué tan popular es la consulta entre los ciudadanos?

Todo indica que la participación de los electores será baja. A pesar de la promoción del INE, se percibe que es poco el interés político y cívico de los ciudadanos por acudir a la urna. Esa es la realidad.

AMÉRICO VILLARREAL DIALOGA CON FUNCIONARIOS DEL ISSSTE

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, Américo Villarreal Anaya, sostuvo ayer una reunión en las oficinas centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicadas en la capital del país.

El objetivo del encuentro: gestionar recursos financieros y apoyos para mejorar la infraestructura de los hospitales y las clínicas del ISSSTE en los 43 municipios de Tamaulipas.

Además, el senador morenista gestionó recursos para impulsar la inversión en obra pública en las unidades médicas. Otra tarea que se atendió en la reunión fue la agilización en la entrega de los medicamentos a la población.

Américo Villarreal se reunió con el doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de Salud; el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, director normativo de Administración y Finanzas; y el doctor Ernesto Lavín Hernández, subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas.

El senador tamaulipeco trae en su agenda encomiendas específicas para mejorar los servicios de salud. Buen punto.