¿Qué esconden?

La semana pasada presenciamos el desarrollo de una crisis constitucional entre los poderes constitucionales de la Unión. El jueves, el pleno de la SCJN resolvió, por una mayoría calificada de 8 votos, que el artículo 1 del "Decretazo", emitido por el presidente López Obrador en noviembre de 2021 para declarar como de interés público y seguridad nacional una serie de obras públicas es inconstitucional. Con él, se les impedía a las dependencias de la administración pública federal negar permisos y licencias para la realización de ciertos proyectos, como el Tren Maya. Nuestras leyes obligan tanto al gobierno como a privados a cumplir con una serie de requisitos cuando se realizan obras. Estos buscan garantizar que comunidades afectadas, el medio ambiente y nuestro patrimonio histórico sean respetados. El Decretazo le ahorraba al gobierno actual los requisitos legales y en consecuencia dejaba desprotegidas a las comunidades y al patrimonio cultural y arqueológico que pudiera ser afectado. Además, permitía la reserva de información sobre gastos, licitaciones, contratos o cualquier otra sobre las obras (como documentos que adviertan riesgos o daños ambientales de las mismas). En otras palabras, permitía al gobierno hacer y deshacer en lo obscurito y sin cumplir con las leyes.

La resolución de la Corte declarando inconstitucional el decretazo endureció los ataques desde la Presidencia y el oficialismo en contra el poder judicial y sus miembros. Ataúdes con la imagen de la Ministra Presidenta de la Corte se pasearon afuera del recinto judicial. Más grave aún, el mismo día el presidente emitió otro decreto, declarando —nuevamente— de interés público y seguridad nacional una serie de proyectos como el Tren Maya, el corredor interoceánico y varios aeropuertos.

La andanada del presidente, gobernadores, legisladores y comentaristas de la 4T en contra del Poder Judicial es grave y su mensaje flagrantemente autocrático. Defienden la voluntad de un solo hombre como forma de gobierno y la sumisión del Estado y la ley a dicha voluntad. No deja de sorprender que sea un movimiento que llegó al poder con la bandera de la izquierda (y por la vía institucional) el que hoy clama la concentración de poderes y el desmantelamiento del Estado constitucional de derecho. Pero el fondo de estos ataques los hace aún más graves. Se desataron porque se le dijo al presidente que no puede esconder la información de las obras que realiza su gobierno y que el actuar de sus funcionarios debe estar abierto al escrutinio público y sometido a la ley. El presidente no está dispuesto a hacer ninguna de esas dos cosas.

Conocer cómo se gastan los recursos públicos, cuánto cuestan las obras, a quién se le dan los contratos e información sobre riesgos de las obras es un derecho de la ciudadanía y un mecanismo eficaz para evitar y perseguir la corrupción. No podemos olvidar que la mayoría de estos proyectos los realiza la Sedena de forma inconstitucional y que recientemente el general secretario ha sido señalado por usar indebidamente recursos públicos y gozar de un patrimonio inmobiliario difícil de explicar. Si no son como los de antes, como insiste el presidente, ¿por qué el empeño presidencial en que su gobierno no esté sujeto ni a la ley, ni a la justicia ni al escrutinio público? ¿Qué esconden en las obras aeroportuarias o bajo el Tren Maya? (Profesora-investigadora del CIDE)

Twitter: @cataperezcorrea