OBEDIENCIA CIEGA

Ahora que el comisionado político del Partido de Trabajo (PT) en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano anunció que apoyarán la reelección de los diputados federales Olga Juliana Elizondo Guerra y Armando Zertuche Zuani en los II y IX Distritos Electorales con cabecera en Reynosa, respectivamente, se torna relevante la advertencia que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que "no le cambiará ni una coma" a la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que envío a la Cámara de Diputados, sobre todo cuando señaló que los legisladores morenistas deberán, como lo han hecho hasta el momento, ejercer nuevamente la denominada "obediencia ciega" para aprobar el cambio legal en el sector eléctrico antes del 30 de abril.

Y resulta relevante porque tanto Elizondo Guerra como Zertuche Zuani estarán entre "espada y la pared" porque saben muy bien que sí votan a favor de la iniciativa preferente de López Obrador sufrirán el llamado "voto de castigo" de la ciudadanía reynosense el próximo 6 de junio, pero eso sí se quedarán con la satisfacción de haber cumplido con la indicación presidencial.

Tanto Elizondo Guerra como Zertuche Zuani no podrán faltar ni enfermarse para no afrontar la responsabilidad de aprobar la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, ya que el mismo López Obrador sentenció que se deben al pueblo y por lo tanto deben sacar adelante este cambio legal que ha causado innumerables quejas entre empresarios e inversionistas nacionales e internacionales.

Aunque en realidad sólo se trata de proteger el monopolio que ejerce la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el político tabasqueño afirma que la iniciativa preferente busca mantener bajas las tarifas eléctricas, cuyo disparate nadie le cree porque mes con mes sube el costo del servicio en los recibos de luz que se deben pagar, sobre todo en épocas de intensos calores.

También otros diputados federales de Tamaulipas, como es el caso de Erasmo González Robledo, Héctor Villegas González, Adriana Lozano Rodríguez y Nohemí Alemán Hernández, deberán de analizar muy bien si buscan la relección porque en caso afirmativo, se expondrán a sufrir el voto de castigo de los votantes que no están de acuerdo de que se apruebe la iniciativa preferente de López Obrador porque sólo busca proteger el monopolio de la CFE.

En otro tema, el convenio que acaban de firmar el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo y el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, resulta de vital importancia para evitar que el crimen organizado participe en el financiamiento de las campañas electorales en el país.

Si bien es cierto que los gastos de campaña son revisados constantemente por las autoridades electorales, no hay duda de que la participación de la UIF servirá para detectar algunos apoyos extras que podrían recibir algunos candidatos que buscarán ganar a toda costa la elección del próximo 6 de junio.

El intercambio de información entre la UIF y el INE se realizará con mayor precisión en aquellos municipios o regiones en donde el crimen organizado tiene el control de las actividades productivas, según el convenio signado por Nieto Castillo y Córdoba Vianello.

Por otra parte, todo parece indicar que ahora sí la señora Rosario Robles Berlanga podría obtener su libertad luego de que ayer la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, decidió otorgar un procedimiento abreviado para agilizar el proceso penal que hay en su contra por la llamada Estafa Maestra.

La señora Robles Berlanga podría seguir su juicio en libertad, según sus abogados, que deberán de cumplir con ciertos requisitos para que se formalice el procedimiento abreviado antes de la próxima audiencia programada para el 27 de febrero en el juzgado de la Ciudad de México.

No se descarta la posibilidad de que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), obtenga su libertad a pesar de las acusaciones en su contra por parte de sus excolaboradores, como es el caso de Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor en ambas dependencias.

          También hay que tomar en cuenta que parte de las acusaciones que hay su contra fueron fabricadas, como fue el caso de una licencia de manejar con otro domicilio, cuya evidencia fue utilizada para mandarla a la carta con el argumento de podría huir del país.

          Por último, el presidente López Obrador reconoció que no ha podido vender el avión presidencial Boeing 787 D, nombrado "José María Morelos y Pavón", por lo que nuevamente pidió el apoyo de empresarios mexicanos para que se cooperen y lo compren, pero en esta ocasión no será a través de cachitos de lotería a pesar de haber reunido cerca de 3 mil millones de pesos con la disque rifa del 15 de septiembre del 2020.

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