¿Negociación o claudicación?

El gobierno de la 4T ha claudicado frente al crimen organizado. Esta es la interpretación que surge después de escuchar la "mañanera" del jueves 15 cuando un periodista le preguntó al presidente López Obrador su opinión respecto del intento desesperado de los seis obispos católicos de Guerrero, quienes —pretendiendo frenar la escalada de violencia que azota a ese estado— se reunieron con los líderes criminales que tienen el control de esa región.

La respuesta del presidente López Obrador fue de aprobación por esta iniciativa y beneplácito, destacando la necesidad de que la sociedad civil participe en acciones que frenen la violencia.

Sin embargo, esta respuesta fue la confesión de una derrota aceptada.

La superficialidad de la actitud presidencial frente a esta escalada de violencia y su pretensión de culpar a los medios de comunicación de magnificar estos hechos con fines políticos —así como de señalar dentro de este complot a las víctimas— llama la atención.

Quiere convencernos de que esta violencia es normal en el mundo de hoy.

Parece ser que nos los quiere presentar como un grupo de muchachos mal portados que cometen pequeños desmanes y diabluras. Para ello ha asumido una actitud paternal y moralista, como cuando los amenazó con "acusarlos con sus papás", o cuando después de las elecciones del 2021 se le cuestionó la injerencia del crimen organizado, los exculpó diciendo que "se portaron bien". Quiere convencernos a todos los mexicanos de que el crimen organizado es un fenómeno reivindicatorio que se justifica como producto de las injusticias sociales. Es el enfoque ideológico que justifica la violencia.

Al paso del tiempo el problema se agrava y la delincuencia organizada de hoy no sólo se ha vuelto más violenta y sádica, sino que se ha profesionalizado frente a la indiferencia y desdén de este gobierno.

Este viernes 15 de febrero el secretario de la Sedena reconoció que varias unidades militares han sido atacadas últimamente con balas tan poderosas que traspasan el blindaje de los vehículos militares —como sucedió el 10 de enero pasado en Nuevo León—, cuando un vehículo DN XI y dos camionetas Cheyenne fueron atacados con armas calibre 50 que perforaron el blindaje militar.

Cada vez es más frecuente encontrar minas sembradas en la región de "Tierra Caliente".

¿Qué decir de los ataques con drones cargados de explosivos en contra de la población civil?

Además, el Ejército ha descubierto fábricas de armamento y municiones de los grupos delictivos. ¿Esto no supone ya un riesgo de seguridad nacional? 

Las autoridades electorales como TRIFE e IFE ya han reconocido los riesgos de injerencia del crimen organizado en las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, el presidente López Obrador —frente a las preocupaciones de la sociedad civil— argumenta siempre que existe un complot en su contra.

Es importante reconocer que mientras el problema de las drogas se relaciona con los grandes cárteles y ello se ha convertido en un problema gubernamental frente al gobierno de Estados Unidos, el problema doméstico es aún más grave, pues pone en riesgo la seguridad y la vida de los mexicanos.

No se deben mezclar ambos tipos de delitos, pues requieren de estrategias y soluciones radicalmente diferentes. Se requiere primeramente reconocer la gravedad del problema y no seguirlo ocultando y después, asumir estrategias creadas por profesionales. ¿A usted qué le parece (Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)

@homsricardo