Lourdes Maldonado, lo que quieren callar

Tras los asesinatos de periodistas, las reacciones de las autoridades suelen ser de simulada empatía y nunca hacen referencia a los temas que abordaban, a las amenazas que recibían y a la brutal desprotección de los gobiernos federal y locales para evitar que les arrebaten la vida. La reacción de López Obrador no se distingue demasiado de la de sus antecesores. Incluso se atreve a solicitar una investigación advirtiendo que los señalamientos al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla son una desviación con intereses políticos. 

La periodista Lourdes Maldonado tenía una trayectoria de más de 40 años, cubría temas de corrupción y política en Baja California y había sido víctima de agresiones por su labor profesional. Ya el mecanismo estatal le había dado "medidas de protección". Como suelen resultar esas medidas, insuficientes y poco eficaces, su asesinato el domingo 23 de enero en el estacionamiento de su casa en la colonia Santa Fe, en Tijuana, Baja California, evidencia la negligencia que en materia de protección a periodistas caracteriza a las autoridades responsables. Es el segundo asesinato de un periodista en menos de una semana en Tijuana. Margarito Martínez también fue asesinado a la entrada de su hogar. Si el mecanismo no considera el cuidado de los espacios vitales de quienes cuyas vidas corren riesgo ¿qué sí considera?  

A estos asesinatos les antecede el del periodista José Luis Gamboa Arenas, en el puerto de Veracruz.  

Las investigaciones que se realizan para dar con los asesinos de periodistas no sólo postergan las líneas que apuntan a las autoridades, sino que las evitan. Hace una semana Maldonado participó en la vigilia que realizaron en la glorieta Las Tijeras, en Tijuana, para condenar el asesinato del reportero Margarito Martínez Esquivel. ¿Quién le iba a decir que sería ella la siguiente víctima? La posibilidad no era menor, sobre todo porque su trabajo profesional representaba una confrontación valiente contra los actos de corrupción y abuso de derechos laborales del exgobernador Jaime Bonilla. Sus abogados habían conseguido un amparo para lograr una justa liquidación. 

En la mitad del periodo de Andrés Manuel se supera ya el número de periodistas asesinados en cada uno de los sexenios de sus antecesores. Estamos en el lugar 143 en el ranking mundial de prensa libre de acuerdo con World Press Freedom Index. 

Según informa el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a Gobernación, actualmente protege a 1,304 personas, 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensoras de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres). Los asesinatos debieran ser una emergencia para fortalecer las capacidades preventivas, definir las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno y el combate a la impunidad. 

Cada doce horas se registra en México una agresión contra periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. Las entidades donde se registraron más agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar fueron la Ciudad de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21 y Baja California, con 19. 

El dato más importante y que debería considerarse en las investigaciones como línea prioritaria, es que los principales agresores son agentes del Estado según reportan a Artículo 19 los periodistas agredidos. Son funcionarios los que cometen el 37.3% de las agresiones. 

El espaldarazo que recibe Bonilla en la mañanera resulta cuando menos una muestra de que la solidaridad del gobierno no está con la procuración indiscriminada de la justicia, sino que previo a una investigación se eximen responsabilidades. En marzo de 2019 la periodista acudió a la conferencia de López Obrador y denunció que su vida corría peligro por un pleito legal con el exgobernador Jaime Bonilla.  

Quizá no debiera sorprendernos la reacción del presidente, después de que Jaime Bonilla había sido respaldado por él y por Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, cuando buscaba ampliar ilegalmente su mandato en Baja California.