La reforma judicial y el dictamen de los diputados

El 5 de febrero de 2024 el presidente López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas constitucionales en materia judicial. La misma fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación. El 16 de agosto se publicó en la Gaceta Parlamentaria el texto que habría de ser sometido a la discusión y, en su caso aprobación, el día 26 del mismo mes. En esta fecha fue aprobado por 22 votos a favor y 17 en contra, sin ninguna abstención.

El proyecto de dictamen introdujo algunas variantes a la propuesta originaria, sin modificar en modo alguno sus elementos estructurales. Algunos cambios tienen un carácter anecdótico, como la exigencia de ciertas calificaciones en los estudios universitarios, desconociendo la tragedia existente con motivo del descontrolado otorgamiento de reconocimientos de validez oficial por la Secretaría de Educación Pública. Otras tienen mayor seriedad, como sucede con la eliminación de la edad mínima para postularse a los cargos judiciales. Más allá de estas modificaciones, que buscan legitimar los problemas y desencuentros en las audiencias públicas, no se produjeron cambios sustantivos a la iniciativa presidencial.

Por una parte, se mantuvo el procedimiento de elección para la totalidad de los integrantes de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas mediante el voto popular. Tal como lo deseó el presidente López Obrador, los ciudadanos habremos de acudir a las urnas para elegir a quienes deban juzgar nuestras conductas. Al momento de rendir su dictamen, quienes lo elaboraron sabían bien de los inconvenientes operativos, funcionales, sociales y políticos del método elegido por López Obrador. Sabían también de la imposibilidad de elegir a cerca de 9.000 personas mediante boletas compuestas con muchos nombres, en condiciones de inseguridad electoral, con grandes costos presupuestales y riesgos de descarrilar la gobernabilidad que como legisladores e integrantes del partido oficial tratarán de establecer a partir del 1° de octubre. A pesar de ese conocimiento, se empeñaron en mantener el deseo de su líder, sin tener ni la capacidad técnica para corregir sus errores, ni el compromiso que dijeron asumirían no con una persona, sino con un orden jurídico en el que todos los mexicanos debemos caber.

Lo que hicieron los diputados dictaminadores con respecto de la elección de los juzgadores lo repitieron con el tribunal de disciplina judicial. En caso de producirse la reforma, ese órgano de denominación y competencias fascistas tendrá a su cargo el control de los integrantes de los poderes judiciales Federal y locales del país. Un órgano que, como en esos regímenes, buscará que las conductas judiciales se apeguen a lo que dispone la ley —en lo que no puede haber objeción—, pero que también habrá de sancionar a quienes actúen en contra de lo que el propio tribunal considere opuesto a la administración de justicia o a los principios judiciales con independencia de los supuestos legales establecidos por el legislador democrático. Los dictaminadores sabían de los enormes problemas a que los supuestos sancionatorios darán lugar para el mantenimiento de la autonomía e independencia judiciales, pero aun así decidieron mantener el dictum obradorista. Creyeron que la sustitución del interés público por los principios judiciales sería suficiente para ocultar un cambio cosmético.

Debido a los pocos cambios que a los legisladores se les permitió hacer —o que ellos mismos se permitieron hacer—, lo propuesto en la iniciativa y lo planteado en el dictamen es, efectivamente, menor en las dos acepciones de la palabra.

El único lugar en donde sí existen elementos novedosos es en los extensos y poco técnicos artículos transitorios concebidos por los dictaminadores. Queda la impresión de que ante la imposibilidad de cumplir sin más con los deseos de López Obrador, los diputados propusieron una serie de soluciones para darles viabilidad a costa de su prestigio e independencia personales.

Lejos de proponer la elección de la totalidad de los juzgadores federales como originariamente fue planteada, los diputados dictaminadores los dividieron en dos grandes grupos. Uno para ser votados en la elección extraordinaria del 2025, y otro en la ordinaria del 2027. En lo que corresponde a la primera mitad, el actual Consejo de la Judicatura Federal deberá presentar al Senado la lista de las vacantes, renuncias y retiros programados. Ese número se restará del total que corresponda al primer grupo, y la cantidad restante de cargos a concursar se identificará mediante el sorteo realizado con la totalidad de los juzgadores federales en activo. Quienes no resulten seleccionados en esa primera ocasión esperarán a que su cargo se someta a votación en la elección ordinaria del 2027.

La curiosa manera de identificar a la primera mitad de cargos a elegir tiene el exclusivo propósito de facilitar la elección mediante la reducción de las cantidades en juego. Aun así, los problemas cualitativos y cuantitativos se mantienen. Si atendemos a los datos que mostré en un artículo publicado hace unas semanas en EL PAÍS, más allá de las nuevas cantidades, lo cierto es que, por ejemplo, en el primer circuito judicial, correspondiente a la Ciudad de México, y considerando los puestos tanto a nivel federal como local, la elección del 2025 implicaría imprimir 2.224.664.191,5 boletas —o 2.224.664.192, si redondeamos el número decimal, en el supuesto de que éste representaría necesariamente una boleta adicional aun si se ocupa solamente la mitad del espacio disponible—, mediante las cuales los electores deberían seleccionar a quienes elijan que los representen judicialmente de entre 1.270 nombres, siendo necesario instalar 286,5 urnas —o 287—. Si se tratara de la elección del circuito décimo —Tabasco y parte de Veracruz—, los números de las boletas serían de 107.741.122,5 y 60,5 urnas; mientras que en el caso de Nayarit se necesitaría contar con 33.969.929,5 boletas y 36,5 urnas. La complejidad de los números anteriores no implica, desde luego, introducir el embrollo de la representación en las casillas, el control sobre el financiamiento en las campañas, o la intervención de la delincuencia organizada, los capitales y las potencias extranjeras y sus intereses geopolíticos.

Los cambios introducidos por los dictaminadores son, en sí mismos considerados, una causa generadora de problemas, pues son muchas las leyes, los recursos presupuestales y las acciones que tienen que llevarse a cabo para lograr implementarlos en la elección extraordinaria del próximo año. Seguramente conscientes de esos problemas, los dictaminadores generaron una de las más extrañas y vergonzosas soluciones legislativas a que nuestro país ha asistido. Con tal de ejecutar lo que el presidente les ordenó, decidieron claudicar de sus funciones legislativas y dotar al Instituto Nacional Electoral de las facultades necesarias para emitir los acuerdos mediante los cuales pueda llevarse a cabo la elección de los juzgadores. Digo que es esta una de las páginas más negras del ya de por sí oscuro parlamentarismo mexicano, pues los dictaminadores han decidido transferir las facultades de un órgano soberano electo popularmente a otro que no lo es. Ello con el exclusivo propósito de cumplir en tiempo y forma lo ordenado por el titular del Ejecutivo Federal que se va. No se han parado a considerar ni su papel de legisladores electos por el pueblo, ni la posición del poder del Estado que integran, ni la elección recaída en quienes habrán de tomar posesión el primero de septiembre, ni lo que pudiera decidir por sí misma la presidenta electa un mes después.

Sobre la mala idea presidencial de elegir mediante voto popular a los juzgadores nacionales y crear el fascista tribunal de disciplina, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, se han colocado a la altura de sus antecesores de la XXVI-bis. Esa que comenzó sus funciones en octubre de 1913 y que también legitimó las decisiones de quien los había puesto ahí. A López Obrador le corresponderá la responsabilidad de destruir la independencia y autonomía judicial. A los integrantes de esa Comisión dictaminadora, la de haber hecho hasta lo indecible para que lo lograra.