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Final de sexenio: se confirma el fracaso de cumplir las metas en seguridad
Según varias encuestas de opinión, la principal preocupación social para los mexicanos es la seguridad pública. Dado que quedan menos de 9 meses para que concluya la administración del presidente López y menos de 5 para la jornada electoral que nos llevará a elegir a la primera mujer presidenta, es imperativo hacer un corte de caja y evaluar si las acciones de esta administración han logrado mantener sus promesas y cristalizar sus objetivos, con el fin de entender si las propuestas de las candidatas -en torno a la continuidad o al cambio de la estrategia- ayudarán o dificultarán la recuperación de la tan anhelada paz social.
Por ello, este martes en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el estudio "Final de sexenio, se confirma el fracaso de cumplir las metas en seguridad". Construir de manera objetiva tal documento representó varios retos, por un lado, la actual administración diseñó sus indicadores de una manera muy ambigua, por el otro, debilitó los registros estadísticos que permiten validar los resultados.
Pese a ello, al revisar los diferentes insumos, es evidente que el gobierno federal quedará en deuda respecto a la reducción de los delitos que más afectan a nuestra sociedad y será recordado como el sexenio más violento de la historia.
Respecto a los insumos con los que contamos para medir los resultados del actual gobierno en materia de seguridad, contamos con el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024; los compromisos que el mismo presidente López asumió en sus discursos, declaraciones públicas y entrevistas a medios de comunicación; el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 (PND); la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y el Programa sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (PSSPPC).
¿Qué encontramos?
1. Que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 -que fue presentado previamente a la toma de posición del presidente López- es un documento ideológico que describe de manera muy general las prioridades de la administración pública federal para reducir los delitos y la violencia.
2. Que los dichos del presidente son los más específicos y contundentes respecto a los compromisos de mejorar la seguridad. De ellos se destaca que López está convencido que el 80% de su política de seguridad debía centrarse en el crecimiento de la economía nacional; que su objetivo era crecerla por encima del 4% anual; que ello reduciría en 50% los delitos -particularmente los homicidios dolosos- respecto al sexenio anterior.
3. Que el PND, la ENSP y el PSSPPC describen objetivos e indicadores de manera poco clara, que van desde el anhelo de combatir la corrupción, respetar los derechos humanos, hasta reducir en 2024 en 50% los homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles, en el transporte público, los delitos sexuales y otros crímenes comunes que afectan a la ciudadanía, respecto a los índices de 2018. Es decir, el documento olvida objetivos en torno a la reducción de extorsiones, el combate a la desaparición de personas, el hallazgo de las mismas y omitió explicar qué resultados se esperarían de 2019 a 2023.
Con base en ello ¿a qué conclusiones llegamos?
a) Que la mayor parte de los "indicadores" a la luz de los resultados actuales serán imposibles de alcanzar y ello representa un fracaso rotundo.
b) Sólo 2 objetivos se alcanzarán y de estos, uno será gracias al subregistro y a la manipulación de datos.
Empecemos con los datos económicos -que según las palabras del propio presidente representan el 80% de su estrategia-: López prometió lograr un crecimiento económico anual del país superior al 4%; el resultado a 2023 muestra un promedio anual del 1.1%. Dada la actual situación es imposible que se revierta el resultado y ello representa un profundo fracaso.
Si en materia de homicidios el objetivo era lograr una tasa total del sexenio de 51 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes -la tasa total de homicidios dolosos del sexenio de Peña cerró en 102 por cada 100 mil habitantes-, los más de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes, alcanzada en noviembre de 2023, hacen imposible que se cumpla el resultado y ello es un rotundo fracaso.
Si dejamos a un lado las declaraciones en medios y nos ceñimos a lo establecido en tanto en el PND como en PSSPPC, podemos observar que resulta imposible que para finales de 2024 se cumpla el objetivo de:
Llegar a la tasa de 13.87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, dado que la tasa de 2023 fue de 23.26.
Concluir la administración en 33.89 robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes, si en 2023 la tasa fue de 41.62.
Alcanzar los 54.77 robos a transeúnte por cada 100 mil habitantes, cuando en 2023 la tasa alcanzó los 73.13.
Reducir a 8.96 robos en transporte público por cada 100 mil habitantes, que en 2023 fueron 11.23.
Lograr que la tasa de violaciones por cada 100 mil habitantes sea de 6.66, cuando en 2023 alcanzó las 17.32 con una clara tendencia al alza.
La distancia entre lo establecido y lo que hasta la fecha ha ocurrido es un claro fracaso de la administración del presidente López.
Sin embargo, si el gobierno de López mantiene los actuales resultados, rebasará con creces su objetivo de lograr los 0.78 secuestros y los 126.79 robos de vehículos por cada 100 mil habitantes.
Si bien ambos casos parecerían grandes resultados, sólo el robo de vehículo debe considerarse como real, ya que en el ONC hemos demostrado en reiteradas ocasiones cómo la manipulación de datos y el ocultamiento de las víctimas, apuntan a que no sólo no se ha logrado reducir el secuestro en la magnitud deseada, sino que éste ha aumentado a lo largo del sexenio.
Por lo que refiere a los objetivos establecidos en la ENSP de reducir la corrupción y respetar plenamente los derechos humanos, también podemos calificarlos como un rotundo fracaso ya que el número de denuncias por violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por servidores públicos alcanzaron valores históricos.
Se tiene registro de poco más de 100 mil carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre 2019 y 2023 lo que representa un crecimiento del 45% respecto al periodo 2015-2018.
Además, en el estudio "Final de sexenio, se confirma el fracaso de cumplir las metas en seguridad", se abordan y desmienten las declaraciones triunfalistas en torno a la reducción de la violencia de género, del robo de hidrocarburo, de la desaparición de personas, de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno "más humanistas de la historia", que, por lo contrario, concluirá como el más violento, con mayor corrupción e impunidad.
En el ONC invitamos a todos a analizar con objetividad los hallazgos y usar la información para exigirle a las candidatas presidenciales, los candidatos a las gubernaturas, presidencias municipales y legislativo que aprendan de los errores y fracasos de esta administración, que rescaten el único logro identificado y que propongan acciones que sí logren recuperar la seguridad de los mexicanos.
De lo contrario en 6 años haremos una nueva lista de fracasos, que serán cada vez más dolorosos y graves. (Director del Observatorio Nacional Ciudadano)ß
@frarivasCoL