Este desastre que ves
La estrategia de seguridad del actual gobierno es un auténtico fracaso y las cifras lo acreditan: más de 124 mil asesinatos dolosos y un registro que no disminuye ni ofrece soluciones para la cifra histórica de desaparecidos que ya son más de 100 mil. Tan solo en esta administración hay 31,533 nuevos casos, de acuerdo con cifras del Registro Nacional en la materia.
Los miembros de las familias, transidos entre la desesperación y la frustración, ya se aferraron a un memorial improvisado en la exglorieta de La Palmera en Reforma, ahora con un ahuehuete escuálido que plantó el gobierno de la CDMX y que muchos sugieren que ya se secó.
El actual Gobierno ha sido incapaz de enfrentar con eficacia a las organizaciones criminales, no ha logrado reducir la violencia a pesar de los elementos enviados a todo el territorio nacional. El despliegue de fuerzas es ineficaz y disfuncional.
Y respecto de la violencia política, que sin duda ha influido sobre los resultados electorales, reportes periodísticos indican que en el 2021 hubo 1,066 agresiones de todo tipo contra políticos, candidatos unos y dirigentes otros.
En materia de seguridad pública persiste la descoordinación entre autoridades federales, estatales y municipales; ente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; entre las Fuerzas Armadas y civiles, y entre las autoridades y la sociedad civil. Por sorprendente que parezca, existe dificultad en precisar quién es responsable de qué, siendo la seguridad el principal problema de la agenda nacional.
El deber central de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es la salvaguarda de la seguridad nacional, por lo que dicha función esencial no debe ser desvirtuada asignándoles tareas auxiliares relacionadas con la seguridad pública, que deben estar bajo mando civil. De ahí que se incurra en una violación a la Constitución.
Los problemas, entre otros, son los siguientes: (i) se desvirtúa la naturaleza de sus funciones originarias y constitucionales; (ii) su doctrina, misión, preparación, armamento y equipo no están orientados a cumplir funciones de seguridad pública; (iii) las probabilidades de que sus intervenciones deriven en un incremento de violencia son generalmente más altas que si se llevaran a cabo por cuerpos civiles; (iv) se obstaculiza que el mando civil asuma plenamente sus responsabilidades; (v) se retrasa y desincentiva la capacitación, modernización y fortalecimiento de las policías; (vi) se fomenta la irresponsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales; y (vii) se expone a las Fuerzas Armadas a un desgaste permanente y a una merma de autoridad.
Es necesario fortalecer y potenciar habilidades en las policías estatales y municipales, a fin de que desarrollen estrategias de prevención y combate de los delitos que más afectan a la población.
Por otro lado, nuestro sistema penitenciario necesita una cirugía de fondo. La mayoría de las cárceles funcionan bajo el régimen conocido como "autogobierno", donde los miembros del crimen imponen sus normas por encima de las autoridades, sin contar con el hacinamiento en muchas de ellas y la falta de programas de reinserción social.
En esa lógica, se debe crear una nueva institución especializada para combatir al crimen organizado con un mando civil único y con capacidad suficiente para combatir exitosamente este fenómeno. La nueva institución especializada debe realizar labores de inteligencia, contrainteligencia, investigación y prevención.
Es fundamental dar especial atención al aseguramiento de sus bienes y a la incautación de sus recursos y fuentes de financiamiento. El aseguramiento de una cuenta bancaria o la extinción de dominio de un inmueble anticipa y evita intervenciones armadas y, en consecuencia, disminuye el riesgo de que pueda producirse violencia.
Paralelamente, en lo externo se debe convocar a una conferencia continental para intentar unificar las políticas públicas de las diferentes naciones americanas y, en consecuencia, actuar eficazmente en el combate al crimen organizado y establecer un sistema de prevención y atención para enfrentar el creciente consumo de drogas, con la finalidad de disminuir la violencia. El fenómeno criminal transnacional incide en cuando menos la mitad de los países del Continente. Esto hay que discutirlo juntos y establecer medidas coordinadas entre todos.
Aquí expongo estas dos propuestas concretas que pueden ser disruptivas ante el tozudo comportamiento del Gobierno hacia el crimen organizado, que parece haber caído en la complacencia o en la abierta indiferencia. (Diputado Federal)
