Elección judicial: perfiles, relaciones y la operación
Las boletas ya están en proceso de impresión. El pasado 15 de marzo, el IETAM inició la producción de actas y boletas para una de las elecciones más singulares que vivirá Tamaulipas, la del Poder Judicial. El 1 de junio de 2025, la ciudadanía tamaulipeca elegirá, por voto directo, a quienes ocuparán cargos como magistrados, jueces de primera instancia y otras posiciones clave del sistema de justicia local. Un ejercicio histórico que pone a prueba no sólo la madurez democrática del estado, sino también la capacidad de la ciudadanía para participar de forma informada en un proceso técnico y, hasta ahora, muy poco conocido. Y ¿por qué no decirlo? a muy pocos sectores de la población les interesa.
Los cargos en disputa no son menores. Están en juego las magistraturas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, la magistratura supernumeraria, las magistraturas regionales, jueces de primera instancia, jueces menores y hasta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. La geografía electoral para este proceso es muy compleja: 43 consejos municipales y 15 distritales serán instalados para organizar los comicios. Seis regiones del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 15 distritos judiciales, cinco de ejecución penal, seis del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y seis regiones de Tribunales Laborales conforman el entramado territorial.
Sin embargo, más allá del andamiaje institucional, hay un hecho que no pasa desapercibido: muy pocos de los aspirantes son personajes visibles entre la sociedad tamaulipeca. Salvo algunas excepciones, se trata de nombres que no figuran en el imaginario público, lo que plantea una pregunta inevitable: ¿qué tan informados votarán los ciudadanos?
El periodo de campaña arrancará el 30 de marzo y concluirá el 28 de mayo, pero en esta contienda no basta con desplegar mensajes en redes sociales o contratar espacios publicitarios, ser entrevistados por medios de comunicación. La operación territorial será determinante. En un proceso donde la difusión institucional apenas empieza a caminar, quien tenga estructura, amigos y capacidad de movilización tendrá la ventaja.
Ser simpático, conocido o al menos tener quien lo recomiende, no contará menos que tener un expediente impecable. La figura de algunas abogadas y abogados no siempre es la más relajada. Lo que nos recuerda que para tener amigos, hay que ser amigo. Y esas relaciones están por capitalizarse en las urnas.
Los topes de gasto reflejan la seriedad de la contienda. En Tamaulipas, quienes busquen cargos como magistrados o jueces de instancias superiores podrán gastar hasta 954 mil pesos; los aspirantes a jueces de primera instancia, hasta 63 mil. Cifras superiores incluso a las que establece el Instituto Nacional Electoral para jueces federales. La cifra revela que esta es una contienda real, con reglas, dinero y una estructura que exige estrategia. Y por tanto, con riesgos.
A siete días del inicio de la campaña judicial, más valdría tener ya un plan muy bien definido de cómo conseguir votos para el 1 de junio.
A la par de la formalidad jurídica y la evaluación de méritos, esta elección pone sobre la mesa las interrogantes políticas, ¿qué papel jugarán los partidos, aunque se trate de una elección no partidista? ¿Intervendrán los alcaldes, sobre todo en municipios grandes o cabeceras de distrito? ¿Habrá presión desde los poderes locales o respaldo abierto a ciertos perfiles?
El proceso es nuevo, pero las reglas de la política tamaulipeca no lo son. La elección directa de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía se presenta como un avance democrático inédito, una ruptura con la tradición del dedazo y las designaciones opacas. Sin embargo, esta apertura también representa un campo fértil para que viejas estructuras intenten adaptarse y sobrevivir. En una tierra donde los equilibrios de poder suelen construirse en las sombras, el riesgo de que la elección judicial se convierta en una nueva arena de clientelismo y favores no es menor.
La boleta electoral traerá consigo nombres, pero también relaciones. Detrás de cada aspirante habrá trayectorias profesionales, pero también alianzas políticas, padrinazgos, influencias y capitales invertidos. Que el pueblo elija no garantiza, por sí mismo, una justicia más justa. Si no se acompaña de mecanismos de fiscalización rigurosos, de una prensa libre y de una ciudadanía vigilante que cuestione, esta elección podría convertirse en una simple pasarela para que los mismos actores de siempre ahora se pongan una toga, o para que poderosos intereses coloquen a sus alfiles en el tablero, y así disponer de un sistema de procuración de justicia y usarlo a su favor.
Mucho dependerá de la transparencia del proceso, de la vigilancia activa de los actores sociales y del compromiso ético de los propios candidatos. Quienes aspiren a estos cargos deberán entender que no basta con cumplir el perfil técnico, exhibir experiencia o mostrar conocimiento jurídico. También deberán explicar con claridad cómo financiarán sus campañas, a quién representan realmente y cuál será su postura frente a la presión política o económica que inevitablemente acompaña al poder judicial.
Con la boleta en camino y las campañas por iniciar, Tamaulipas se adentra en un experimento institucional sin precedentes. Elegir a quienes impartirán justicia no es un acto menor, será una prueba para la madurez democrática de la entidad y una oportunidad para corregir el rumbo de una justicia históricamente marcada por la opacidad. Pero también será una muestra de que el mérito, por sí solo, nunca ha sido suficiente. En esta elección, como en muchas otras, también contará saber cómo llegar, con quién hacerlo y cuánto se está dispuesto a gastar para lograrlo.
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