El voto de las mujeres en México

Hablar del voto de las mujeres es referirnos a una larga lucha por lograr una sociedad más justa y con retos para lograr una nación igualitaria respecto a los derechos fundamentales que hoy se encuentran integrados en nuestra Constitución Política y que, por la misma lucha para combatir este contexto de discriminación y desigualdad, ha sido necesaria la generación de diversas leyes que han empoderado y garantizado la presencia de las mujeres en los todos los ámbitos en la sociedad mexicana. 

El inicio de esta lucha tuvo su origen en 1916, cuando se lleva a cabo el Primer Congreso Feminista en Yucatán en el que se reflexionó sobre los derechos que les permitieran a las mujeres estar en igualdad de condiciones de los hombres. 

En 1922, en ese mismo estado se reconoció el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales.  En San Luis Potosí, en 1923, es aprobada la ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en elecciones.  

En el año 1923 se celebró el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres en el que, entre otros aspectos, se resolvió turnar al Congreso de la Unión la petición para que el Legislativo considerara la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. 

En 1934 es presentada una iniciativa de reforma constitucional que, al ser aprobada, se otorgó a la mujer el derecho a votar y a poder lograr un cargo de elección popular, pero al no realizarse el proceso legislativo de la declaratoria correspondiente dicho proceso no se materializó.  Es hasta 1953 que el entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines publicó el decreto que anunciaba la promulgación de las reformas que dieron el derecho de las mujeres votar y ser votadas. 

Posteriormente en 1974, se reforma la Constitución para establecer garantías de no discriminación e igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 19 años después fueron adoptadas las llamadas cuotas de género como medidas especiales de carácter temporal dirigidas a ir equilibrando la representatividad política.  

En la reforma de 1996 se incluyó la recomendación de que en las candidaturas a diputaciones no excedieran el 70% de un mismo género, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.  Esta disposición quedaría fortalecida en 2002. Para 2008 la reforma a la normatividad electoral determinó que las candidaturas propietarias de mujeres debían ser al menos del 40%. 

Con la reforma constitucional de 2014 se establece el principio de paridad de género por la que los partidos deben postular paritariamente sus candidaturas.

En 2019 se reformaron nueve artículos constitucionales para garantizar la llamada "paridad en todo", que ha fortalecido la adopción de acuerdos por parte del Instituto Nacional Electoral y la emisión de sentencias por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de la paridad. 

Si bien hoy contamos con 9 mujeres ejerciendo al mismo tiempo el poder ejecutivo de su entidad aún tenemos importantes retos en materia de igualdad material. 

Como podemos ver, la lucha por alcanzar una igualdad ha recorrido un largo trecho y falta mucho por lograr aún, tan es así que el Índice global de Brecha de Género 2022 reportó que se necesitarían 132 años para alcanzar la paridad total. 

Está en el Legislativo seguir impulsando reformas que empoderen a las mujeres y a las instituciones del Estado mexicano les queda la alta responsabilidad de conformar estructuras paritarias que generen los cimientos para una sociedad más justa, igualitaria y con plenitud de derechos tanto para hombres como mujeres. 

(Consejera electoral del INE)