El video de MC: manipular la ley para atemorizar y reprimir

Hace unas semanas, en ocasión de un encuentro de fútbol, el candidato presidencial por Mo-

vimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, subió a sus redes sociales un vídeo donde sale visiblemente alcoholizado junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, burlándose del Instituto Nacional Electoral y retando a algunos políticos de otros partidos.

Más allá de las emociones desembocadas que le provocó un gris empate deportivo al exdiputado, sin olvidar la resaca del día siguiente con su respectivo perdón a regañadientes, lo sucedido pasaría a los anales de esta frenética campaña electoral como una anécdota sin más, como un error cometido al calor de las copas, o acaso un intento fallido por llamar la atención a costa del escándalo.

Sin embargo, fieles a la soberbia que los caracteriza, en los días subsecuentes y nada conformes con el hecho de que distintos medios de comunicación recogieron el video y dieron cuenta del mismo como nota periodística, los naranjas desplegaron una comprometida estrategia digital para tratar de eliminar cualquier registro de lo sucedido.

Así, de un día a otro, el video fue presuntamente registrado por la empresa de creación y difusión de contenidos Badabun, que, dicho sea de paso, ha sido contratada con dinero público desde hace tiempo por Movimiento Ciudadano para su posicionamiento.

El acto no era casual, ya que dicho negocio reclamó la pertenencia de los derechos de autor del video en cuestión, haciendo que plataformas como Facebook, YouTube e Instagram promovieran tanto a medios de comunicación como usuarios particulares bajar ese contenido.

Siguiendo esa lógica, el video de los desfiguros del candidato era material original y exclusivo y, por ende, cualquier persona que lo reprodujera requería necesariamente una autorización a riesgo de estar cometiendo una infracción.

Este tipo de prácticas, denominadas usualmente como "de notificación y retirada" (notice and takedown), fueron reconocidas apenas en julio de 2020 cuando entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. A pesar de que su objetivo resulta legítimo en teoría por garantizar el ejercicio de los derechos de autor en Internet, lo cierto es que en la práctica el mecanismo puede malversarse y poner en riesgo otros derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.

Y es que sin necesidad de que lo ordene una autoridad judicial, o acaso que los supuestos afectados presenten pruebas al respecto, la ley obliga a remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso a la publicación de manera expedita y eficaz, a fin de prevenir situaciones que mermen el uso no autorizado de obras protegidas.

Lo que sucede en el caso concreto es que quien ahora se dice afectado, fue la misma persona que compartió el video en una de sus propias redes sociales. La estrategia que posteriormente desplegó la empresa Badabun no es otra cosa que un desesperado esfuerzo por remediar el error de su candidato a partir de una interpretación tramposa de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Es decir, estamos en presencia de un intento de fraude a la ley; es la manipulación del Derecho en aras de pervertir los objetivos por los que esa regla fue creada y amedrentar a los 

involucrados.

Si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede ser limitado en ciertos casos, queda claro que desde el momento en que Álvarez decidió ser un actor político, este debe tener una mayor tolerancia a las críticas por encontrarse sometido a un profuso escrutinio por parte de la sociedad. Por decirlo pronto, el comportamiento de alguien que estará en la próxima boleta presidencial resulta de interés público.

A esto habría que sumar que precisamente en estos momentos el sistema "de notificación y retirada" y otros aspectos de la Ley Federal del Derecho de Autor se encuentran impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos medios de control constitucional promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y distintas organizaciones de la sociedad civil.

La desatinada estrategia de control de daños de Movimiento Naranja es quizá uno de los mayores riesgos de instrumentalizar empresas privadas para fines no democráticos, es la evidencia de cómo las leyes se pueden aprovechar para atemorizar y reprimir.

Quizá eso explique la simpatía que Álvarez ha mostrado por el modelo de seguridad implementado en El Salvador liderado por Nayib Bukele; un régimen de excepción cuya efectividad oscila entre el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos. O acaso aclare el reciente fichaje de Sandra Cuevas a las filas naranjas, un personaje narcisista que desplegó un gobierno autoritario y represor en la Alcaldía Cuauhtémoc y que poco tiene que ver con ese discurso que ha enarbolado Movimiento Ciudadano.

Conforme transcurre este proceso electoral, los que se quieren presentar como una tercera vía frente al oficialismo y la oposición, como una supuesta opción alegre y diferente para el electorado, tristemente terminan revelándose como lo mismo de siempre.

Ojalá que las estrategias tan tramposas como patéticas que los naranjas utilizaron para intentar suprimir los desfiguros de su candidato sirvan para advertir lo perjudicial que esta opción puede significar para la libertad de expresión en nuestra democracia.

Juan Jesús Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.