El clamor por la reforma al Poder Judicial

Desde hace más de un mes he sido invitada a participar en asambleas, foros y conferencias magistrales que empezaron a realizarse en todo el país para dar a conocer la reforma al Poder Judicial. Este domingo suman ya 34 los espacios de este tipo a los que he asistido para conversar con vecinos, abogados, activistas, académicos, empresarios, corredores públicos y legisladores sobre el tema.

El clamor que se escucha en esos espacios tan diversos es unánime en favor de la realización de la reforma del Poder Judicial. Es inédito el interés que tiene la gente en conocer qué hace, cómo se organiza, qué resuelve y por qué resuelve así el único poder no democrático de nuestro país, el más oscuro, el que a la fecha cree que no tiene por qué rendir cuentas a nadie.

Gente de los más diversos estratos, en comunidades urbanas y rurales, jóvenes y mayores miran con azoro los datos que hemos recopilado: el costo de la Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito; las remuneraciones inconstitucionales de jueces, magistrados, ministros y la alta burocracia del poder judicial; su exorbitante nepotismo; la demora en los procedimientos; los temas que prioriza y los asuntos de justicia social ausentes en sus resoluciones; la elevada impunidad y la falta de sanciones a juezas y jueces; la ejecución de leyes que vigila para los demás pero se exime a sí mismo; la invasión cotidiana de las facultades del poder ejecutivo y del legislativo... En fin, el conjunto de abusos causa sorpresa, indignación y confirma la urgencia de la realización de la reforma al Poder Judicial.

La gente pregunta sobre reformas que aún faltan: al Ministerio Público, a los poderes judiciales de los estados, incluso propone mecanismos para lograr el acceso a la justicia.

A partir de estos encuentros queda claro que después de la aprobación de esta reforma debe pensarse una segunda etapa, como se vislumbra en los trabajos que lleva a cabo el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, voy a complementar la propuesta que presenté el 27 de junio a los legisladores, para agregar varios planteamientos de carácter legislativo y administrativo dirigidos a lograr mayor acceso a la justicia, fundamentalmente en materia de derechos sociales. Uno de ellos va a consistir en lo que podría derivar en la Ley de Justiciabilidad de Derechos Sociales.

Otra propuesta se va a referir a estudiar la posibilidad de conjuntar en una sola defensoría pública a la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, las procuradurías Agraria, Ambiental, Federal del Consumidor, de Defensa de los Contribuyentes, del Trabajo y al Instituto Federal de Defensoría Pública, para generar una sola institución con facultades para representar en juicio a quienes requieran defender sus derechos individuales y colectivos. La idea sería que esta instancia funcionara en espacios territorializados donde se brinde asesoría para el ejercicio de derechos, se concilien conflictos y se asuma la representación en juicio, de forma mucho más accesible que ahora mediante la proximidad y la multiplicación de profesionales en la defensa legal.

En los próximos días el Poder Legislativo decidirá sobre esta y otras reformas constitucionales. Seguiré acudiendo a universidades, recintos parlamentarios, plazas públicas y espacios comunitarios, para seguir informando sobre el Poder Judicial de la Federación que tenemos y el que necesitamos, del perfil de las personas juzgadoras y de cómo salvar a este Poder del secuestro en el que se encuentra por quienes lo conciben como una guarida de privilegios y no como el poder garante de los derechos y libertades de las y los mexicanos. 

*Ministra SCJN