CFE, ¿técnicos o políticos?

Es sintomático que la mujer de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum en materia de dineros, Luz Elena González Escobar, vaya a ocuparse de la gestión energética. Se especulaba que la extesorera del Gobierno de la Ciudad de México sería destinada al SAT o a una de las subsecretarías de Hacienda, incluso como un eventual reemplazo del titular de la dependencia, Ramírez de la O. Su nombramiento como nueva secretaria de Energía parecería expresar el deseo de someter a las dos grandes paraestatales a una disciplina financiera más firme y a una mayor coordinación entre sí. La estrecha cercanía con la presidenta supone una intervención directa de su parte y un giro a favor de las energías limpias. González no es ajena al tema, pues coordinó el proyecto de paneles fotovoltáicos en la Central de Abastos de la Ciudad de México, pero obviamente dista de ser experta.

El problema de la Secretaría de Energía es otro. Desde su creación en 1982, aunque solo a partir de 1994 opera con ese nombre, ha tenido un papel por demás incómodo: formalmente conduce la política energética del país, algo que, en realidad, es determinado por las acciones de los dos gigantes, Pemex y CFE. Ambas han sido dirigidas por una especie de virrey, poco menos que autónomo, que ha gozado de una relación directa con el presidente. En este sexenio López Obrador le asignó a Rocío Nahle, la titular de esta dependencia, la construcción de la refinería de Dos Bocas, algo que le otorgó un protagonismo inusual, pero no en la gestión del sector.

Todo indica que Claudia Sheinbaum se dispone a aplicar una cirugía mayor, como podría esperarse de su larga trayectoria en este campo. Hace 30 años en su tesis doctoral ella anticipa un argumento que las tendencias actuales han confirmado: la separación drástica entre la industria petrolera y la eléctrica es arbitraria; el enfoque tendría que privilegiar, no la fuente de generación de la energía, ahora dividida en Pemex y CFE, sino el destino. Pero esto entraña una convergencia inevitable, por ejemplo: el litio debe ser extraído, como el petróleo, pero sirve de insumo de baterías para el consumo eléctrico, responsabilidad de la CFE; los nuevos autos se cargarán a través del sistema de CFE no en las gasolineras de Pemex; los gasoductos son insumo para las hidroeléctricas (CFE) y para las refinerías (Pemex) etc.

Las implicaciones prácticas están a la vista: convertir a la Secretaría en el verdadero eje rector, pese a quien le pese. Un enfoque que contemple el conjunto de las necesidades de energía en el país, determine la manera más eficiente y económica de producirla, procesarla y distribuirla, independientemente de que se trate de combustibles fósiles, hidroeléctrica, solar, eólica, nuclear, etc. A una racionalidad económica y financiera, habría que añadir los otros criterios en juego: soberanía nacional, prioridades medioambientales, implicaciones para el gasto de los consumidores, desarrollo y equilibrio regional. Se trata de un cambio tendencial, no categórico, pero inevitable.

La designación de las cabezas de CFE y Pemex arrojará alguna luz sobre la velocidad que la presidenta quiere imprimir a este proceso de convergencia. Si son designados cuadros técnicos en sus respectivas áreas, con perfil más bien propio de un subsecretario que de pesos pesados de la política, será interpretado como un espaldarazo a esta visión y al futuro protagonismo de la secretaria de Energía.

Sin embargo, las realidades de la política no siempre coinciden con lo que en papel es más conveniente. Hace una semana, en este espacio, abordamos los retos de Pemex. Los de CFE no son menores aunque de índole diferente. Su situación financiera es mejor y la operación de la empresa se ha saneado significativamente. Pero legalmente opera en un campo minado. La profunda reforma de Peña Nieto, de carácter constitucional, convirtió a la paraestatal en un tapete para favorecer la inversión privada y márgenes de operación atractivos. 

La CFE fue obligada a dar preferencia a la producción de otros, a asumir el pago de consumos garantizados a estos oferentes, y a aportar la enorme infraestructura de transmisión y de distribución construida en décadas, en condiciones subsidiadas. De haber continuado la tendencia en curso, al final del sexenio la paraestatal habría sido responsable apenas del 16% de la generación de electricidad en el país.

El gobierno de la 4T revirtió la tendencia, hizo las inversiones necesarias y mejoró procesos y operaciones para alcanzar una proporción cercana al 54% de la producción y garantizar así objetivos de soberanía nacional y protección del poder adquisitivo de los consumidores. Pero lo ha hecho a través de leyes secundarias, ante su imposibilidad de modificar las constitucionales. El resultado es una permanente batalla legal entre demandas y contrademandas, decisiones judiciales polémicas de uno y otro lado, apelaciones interminables, producto de los muchos limbos que provoca el desempate entre las leyes generales y las particulares. Una guerra de trincheras que a la larga dificulta el desarrollo del sector frente a la enorme exigencia de los próximos años.

Más allá de la polémica que pueda generar la larga trayectoria de Manuel Bartlett, el hecho es que la piel curtida, el oficio de alguien cuya carrera política está más allá del bien y del mal, ha sido clave para resistir no sólo las enormes presiones sino también para operar en las aguas empantanadas de esta situación jurídica, y conseguir sus objetivos pese a todo. No está claro que un perfil estrictamente técnico o la próxima secretaria de Energía puedan o quieran bregar en esos términos. Si se lo propone la nueva mayoría legislativa, la 4T podría modificar la Constitución y vencer de cuajo las resistencias. Eso resolvería el problema político y jurídico, pero no el económico: las necesidades del nearshoring y nuevos parques industriales exigen una fortaleza energética mucho mayor a la actual. Hacerlo unilateralmente sería un camino pedregoso tratándose de una actividad partida prácticamente en dos mitades entre sector público y privado.

La estrategia nacional más sana reside en desarrollar el potencial pleno de las dos mitades. El verdadero reto para Sheinbaum y Luz Elena González consistirá en alcanzar un cambio constitucional negociado con todas las partes, capaz de detonar el crecimiento económico, sin perder los objetivos sociales y soberanos. La pregunta de fondo es saber si, los hasta ahora mencionados, tendrán esa capacidad política. La designación del nuevo titular de la CFE será más que reveladora.

@jorgezepedap