Amnistía al crimen

Ingenuo sería pensar que el ciudadano Enrique Peña Nieto carece de conocimientos básicos de leyes, máxime que se ostenta como Licenciado en Derecho -aun con las acusaciones fundadas de plagio en la elaboración de su tesis profesional.

Parte de la guerra sucia para desprestigiar al único adversario político (ya saben quién) que amenaza con socavar los privilegios e impunidad de la pandilla organizada que saquea las arcas públicas, es el señalamiento de que Andrés Manuel López Obrador planteó una amnistía para delincuentes, como una de las alternativas que contribuyan a la paz social. EPN y su séquito se escandalizan y caprichosamente olvidan que la Ley Federal contra Delincuencia Organizada publicada el 7 de noviembre de 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo, contempla en sus artículos 35 al 39 en el CAPÍTULO NOVENO, DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

En dichos artículos se detalla el porcentaje de descuento punitivo para delincuentes, que van desde cero días de prisión hasta descuentos de tres quintas partes de las penas que les corresponderían siempre y cuando delaten a otros miembros de la delincuencia organizada. Es decir, esta ley federal contra de la delincuencia organizada contempla un perdón para los delatores. Cabría preguntar porqué razón el llamado usurpador de la silla presidencial, repudia una herramienta legal que viene usando cotidianamente el Ejecutivo a través del Agente del Ministerio Público Federal, desde hace más de 20 años.

Durante su cuestionado mandato, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fue quien más utilizó la figura de testigo protegido, “exonerando a priori” a los delincuentes arrepentidos que se acogen a los beneficios que otorga esta ley federal, según la información de la propia PGR, 336 personas que aceptaron pertenecer a la delincuencia organizada recibieron beneficios en su sexenio.

La Convención de Palermo respalda el uso de delincuentes arrepentidos que acepten declarar en contra de líderes de cárteles siempre y cuando su información sea eficaz para la ubicación y detención de éstos. Así lo establece el artículo 26: “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención”. 

No cabe duda que estamos ante una práctica regular a nivel internacional (aunque cuestionada por el abuso en que incurrió) desde hace 22 años en los gobiernos emanados del PRI y de PAN y ahora que lo propone Andresmanuelovich como una de las alternativas para conseguir la paz en México, fingen espanto y se desgarran las vestiduras como si fuera un desatino descomunal e inadmisible por nuestras leyes y costumbres.

Quizá lo que la clase política corrupta esconda es el temor de que los vientos de cambio civilizado, pongan fin a su vida licenciosa y eventualmente tengan que rendir cuentas desde una oscura y fría celda de concreto, por los crímenes cometidos durante su enriquecimiento inexplicable.