Inhabilitan red de laboratorios

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por siete años para recibir contratos de gobierno a cinco empresas responsables de prácticas monopólicas, en estudios de laboratorio clínico y bancos de sangre, y que hasta la fecha son las principales proveedoras del Sector Salud.

Se trata del primer caso en el que empresas sancionadas por prácticas monopólicas, también son inhabilitadas para seguir contratando con el Gobierno.

En 2016, el IMSS denunció a éstas y otras empresas ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ante evidencias de que se habían puesto de acuerdo para repartirse territorios y/o fijar precios, en una licitación para 37 contratos y 469 millones de análisis clínicos.

La denuncia fue seguida por la difusión de conversaciones telefónicas entre ejecutivos de Falcón y Centrum, acordando el reparto de regiones y partidas del concurso del IMSS. 

Aún así, las empresas siguieron ganando licitaciones, pues son las más grandes del país.

En abril de 2020, Centrum, Falcón e Impromed obtuvieron contratos del IMSS por 8 mil 740 millones de pesos, tanto en pruebas de laboratorio como en banco de sangre.

MULTAS

Fue hasta agosto de 2020, luego de cuatro años de investigación, cuando Cofece anunció multas que sumaron 626 millones de pesos contra 11 empresas.

“Las empresas acordaron y/o intercambiaron información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE para contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre”, afirmó Cofece, al estimar que se pagaron sobreprecios de mil 200 millones de pesos.

Sin embargo, la Cofece no tiene facultades para inhabilitar a proveedores para contratar con el Gobierno, lo que corresponde a la Función Pública.

Otras más

• Dicipa, Hemoser y Vitalmex Internacional son otras empresas señaladas por Cofece, cuyas sanciones, de existir, aún no son publicadas por la SFP. Vitalmex litiga un amparo contra el OIC del ISSSTE, probablemente tratando de impedir que se le imponga la misma sanción que a las demás. 
• La Función Pública no ha publicado más detalles de la inhabilitación ni el monto de la multa, que puede ser hasta de 344 millones de pesos por cada empresa.
• El fundamento fue la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente entre 2012 y 2017; fue la época de los hechos.
• Las empresas tienen varios recursos legales para impugnar la inhabilitación, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) podría suspenderla.