El paro de maestros es ilegal y sin fundamento

Como un paro ilegal y sin fundamento fue calificada la suspensión de clases decretada unilateralmente por la dirigencia del Sindicato de Maestros en el Estado, ya que desde un inicio ni siquiera se presentó un pliego petitorio ni se ha recurrido a las instancias laborales, a pesar de lo cual el Gobierno del Estado ha dado respuesta puntual a los docentes, señaló José Antonio Leal, responsable jurídico de la SET y abogados laborales.

Añadió que, en el caso de Tamaulipas, es evidente que existe un desapego a la normativa que regula el derecho de huelga; su dirigente es negligente e irresponsable al llamar a sus agremiados a violentar la ley con una suspensión de labores notoriamente irregular.

Si la prioridad fueran los derechos laborales se hubieran seguido los cauces legales para restituir a los trabajadores en las garantías supuestamente afectadas, sin embargo, es evidente que las pretensiones del líder magisterial son de índole totalmente político, utilizando su posición de secretario general de la sección 30, agregó Leal.

La negligencia del profesor Arnulfo, su irresponsabilidad en el actuar y los intereses personales que persigue, ponen en riesgo la estabilidad laboral de miles de maestros, pues los llama a abandonar sus funciones sin una justificación legal. Resulta paradójico que quien realmente está afectando los derechos de los sindicalizados es precisamente su secretario general, precisó el abogado.

Dayane Vázquez González, abogada laboral, manifestó que en el caso de la sección 30 del SNTE, nunca hubo un planteamiento formal ni se enteró a la Secretaría de Educación, sólo se procedió a la toma de las instalaciones y al cierre de planteles, una situación fuera de la ley y que pone de manifiesto las claras intenciones del dirigente sindical y de los intereses políticos que rodean al movimiento.

Ambos abogados lamentaron que el paro del dirigente le está haciendo un gran daño a los niños, señaló el funcionario jurídico de Educación, también a los maestros que no están de acuerdo con su movimiento. La toma de las oficinas perjudica, asimismo, a los profesores porque no pueden tramitar sus prejubilaciones y trastoca los derechos de la salud, por la obstrucción del Hospital Infantil.