Caso de Impunidad en México: Familias en Busca de Justicia

Después una década de buscar y no encontrar a los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México, sus familias lanzaron un llamamiento a la sociedad mexicana para que se unan el jueves a la protesta que atravesará Ciudad de México exigiendo verdad y justicia. No será solo por ellos, sino por los más de 115.000 desaparecidos que tiene el país.

"Diez años de sufrimiento, diez años de dolor, de no tener a tu hijo, no es fácil", dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez, uno de los estudiantes desaparecidos, en un acto en la Universidad Nacional Autónoma de México. "Aquí andamos gritando para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueven el corazón".

"Al tenerlos a todos ustedes... sentimos una fuerza que nos empuja a seguir en esta lucha", dijo en agradecimiento a quienes les han acompañado durante una década.

Los nombres de los 43 estudiantes se proyectaron el miércoles por la noche en un emblemático edificio de la capital y resonarán el jueves en la movilización por el centro de la ciudad, que amaneció blindado ante posibles brotes violentos.

A una década de un crimen que impactó dentro y fuera de México porque en él confluyeron la violencia, la corrupción y la impunidad, las familias siguen sin tener respuestas. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados pero solo se han localizado restos de tres de ellos.

La ONU lamento el jueves los "resultados insatisfactorios" por parte de las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió expertos a investigar durante ocho años, mostró su preocupación por la "paralización" del caso y denunció un persistente "pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores".

Activistas, académicos y una treintena de organizaciones civiles, de Chile y Argentina a Guatemala pasando por Brasil o Colombia exigieron más acciones a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.

Y ONG mexicanas como Fundar —que acompaña a las familias— recordó que el caso exhibe tanto "el funcionamiento impune del dispositivo de desaparición... que se ha mantenido vigente en México por décadas" como el "abandono institucional" que sufren sus víctimas.

Han pasado dos administraciones, hay decenas de detenidos –entre ellos un exprocurador general de México-- y ha habido cientos de búsquedas, pero México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, en 2014. La investigación fue señalada por sus irregularidades, por torturas y manipulaciones para ocultar la verdad, según la actual fiscalía federal.

Este gobierno determinó que fue un "crimen de Estado" y apuntó al tráfico de heroína como posible desencadenante del ataque. También confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, que culmina su mandato el 30 de septiembre, se distanció el miércoles, un día antes del cumplirse 10 años de la desaparición, de parte de esos avances.

Minimizó los casos de tortura perpetrados por la anterior administración y que hicieron que muchos sospechosos fueran liberados por esos abusos, se distanció del móvil del tráfico de heroína e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército obedecen a "intereses políticos", tanto nacionales como extranjeros, porque no hay pruebas que los vinculen a la desaparición sino tan solo a una posible "omisión" de ayuda.

Los padres se sienten traicionados. "Nos dio muchas esperanzas", dijo Joaquina García. "pero tal parece que protege mucho a los militares y no se vale".

"Que les quede muy claro... no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes", subrayó López Obrador el jueves pero "se complicaron las cosas, están enredadas".

Las familias no desistirán. "Esta lucha no termina", advirtió García.