Pegasus está en poder de particulares: Chucho
Pretende deslindar al gobierno el jefe de prensa de AMLO
El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirmó que en México el software espía Pegasus no sólo fue comprado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sino que también está en poder de particulares y que el extinto exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (PAN), lo adquirió para espiar a opositores.
Cdmx
“Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como El País, que ha hecho eco de estas denuncias, The New York Times, The Washington Post ni The Financial Times o las agencias internacionales han preguntado quién tiene Pegasus en México. ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió a Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?”, señaló.
Agregó: “Pero ningún medio de comunicación se ha preguntado cómo en el Estado de México, en Puebla, cómo aquí [en la Ciudad de México] había un sistema de vigilancia que tuvo el exjefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera] que vigiló a toda la oposición, quién lo tiene, por qué no la empresa —NSO Group— transparenta esos contratos y se verá que no sólo el Ejército los ha contratado”, dijo.
Al participar en la mesa redonda Medios y fake news, en la XXII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Ramírez Cuevas recordó que en la pasada administración el software fue usado para espiar a la oposición y al entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, así como a su familia.
“Todos los que trabajamos en su movimiento teníamos infectados nuestros teléfonos por ese sistema de vigilancia y sabemos que seguimos siendo espiados por agencias nacionales e internacionales; es parte de la realidad hoy en día”, puntualizó.
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El vocero de la Presidencia de la República rechazó que la actual administración haya comprado el malware para espionaje, pero aclaró que sí hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de Inteligencia nacional, si bien se usan por decisión del Estado en contra del crimen organizado, por medio de intervenciones telefónicas ordenadas por jueces.