La prisión preventiva oficiosa, un infierno sin sentencia

Medida cautelar surgida en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, la prisión preventiva oficiosa es cuestionada por organizaciones internacionales porque su aplicación –encarcelar sin sentencia a un acusado– viola los derechos humanos. Sin embargo, a días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre su legalidad, el presidente López Obrador defiende su vigencia. En entrevista con este semanario, víctimas de esta medida cautelar exponen sus testimonios, el tormento de ellos y sus familias, y la lucha legal que emprenden contra el atropello judicial.

• CIUDAD DE MÉXICO

“Son golpes que da la vida”, solía decirle su mamá a Pedro Gatica Estrada, en un intento por consolar a su hijo por haber sido acusado de un crimen que no cometió y por el cual estuvo 11 años y seis meses en el Centro Penitenciario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 

Gatica Estrada, de origen mep’haa, tenía 16 años cuando lo sacaron de su casa de la comunidad de Ciénaga del Sauce, en agosto de 1999; no hablaba español y no tuvo ningún intérprete cuando fue acusado de un asesinato ocurrido seis meses antes en su comunidad.

“Yo no sabía bien por qué me llevaron a la cárcel, los policías me golpearon para que dijera que yo había matado; después supe que el muertito (Raymundo Flores Zeferino) era un chavo que habían asesinado un día que fui a poner una cerca. Ese día nos enteramos de su muerte en la tarde, cuando regresamos de trabajar.

“Tenía testigos de lo que hice ese día, pero no me los hicieron valer porque había una persona que había dicho que me vio. Pero esa persona tardó 11 años en ir a decir al juez que no era yo a quien había visto”, lamenta Pedro, quien ahora espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita su caso interpuesto en 2010, cuando salió de la prisión con el apoyo de la organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), que lo defendió en su proceso penal por el que ya tenía una sentencia de 15 años.

En entrevista, Gatica Estrada cuenta que detrás de las acusaciones en su contra estaba la intención de despojarlo de sus tierras, y que estando en la prisión, su madre, como su único familiar, se vio imposibilitada para ayudarlo a sobrevivir en el encierro.

“Cuando llegaba a visitarme mi mamá, una o dos veces al año, me decía que era golpes que da la vida. Ahora pienso que al menos gracias a esos golpes ahora hablo español, aprendí a coser balones (de futbol) y a tejer tarrayas (redes de pesca). Por ese trabajo me pagaban 150 pesos a la semana, que me servían para poder comprar agua y comida”, apunta. 

Tras el apoyo jurídico de Asilegal, Pedro trabajó como traductor en procesos legales, y ayudó a personas, como a Zenaida Pastrana de la Cruz, acusada injustamente de homicidio, en Tlapa.