Instituciones se coordinaron para ocultar la verdad

Más de 1 millón de fojas de expedientes por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos forman parte de la información a la que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por fin tuvo acceso para elaborar su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa.

Ese cúmulo de información analizada fue posible sólo por la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la existencia de un decreto presidencial que ordenaba la entrega a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj). Éste no fue suficiente para responder a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos hace más de 90 meses dónde están los jóvenes.

El documento de 234 páginas, elaborado por los expertos Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain –éste de forma honoraria– termina de desmontar la “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto y reconoce obstáculos, sobre todo en el ámbito castrense, para abrir sus archivos y entregarlos a la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para su efectiva judicialización.

Algunos de los hallazgos que permiten al GIEI concluir que la estrategia diseñada para cerrar el caso “no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior”, son los videos que demuestran actos de tortura contra 50 detenidos; llamadas anónimas fabricadas por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “para dar cobertura” a las detenciones que sostendrían la “verdad histórica”.

IRRUPCIÓN IRREGULAR

De igual forma se utilizó la irrupción irregular de personal de la Semar en el basurero de Cocula, escenario de la versión oficial, el 27 de octubre a las seis de la mañana; y la creación del espacio interinstitucional “Caso Ayotzinapa. War Room”, coordinado por quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón,

En el entramado para la construcción de la “verdad histórica”, el grupo de expertos encontró participación de servidores públicos de la Sedena, Semar, SEIDO, AIC, Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Todo esto permite afirmar que se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo.

“Funcionarios, que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”, puntualizan los expertos en el documento presentado el 28 de marzo.

UN DATO

Entre las investigaciones en curso está una contra el capitán José Martínez Crespo, quien no reportó en su parte militar que estaba presente en los separos de la Policía Municipal (barandillas) supuestamente para rescatar una motocicleta, lo que se supo a partir de un reportaje publicado en el número 1989 de Proceso. Martínez Crespo fue consignado en noviembre de 2020 por la FGR por delincuencia organizada al mantener presuntos vínculos con la banda Guerreros Unidos, que operaba en Iguala.

Rescatan reportes

- Los miembros del GIEI rescatan 46 reportes recibidos por la Sedena y relacionados con la noche trágica de Iguala, 20 de ellos “sobre contexto y paradero” de los jóvenes desaparecidos, que no fueron compartidos a autoridades civiles, información que “aún hoy podría analizarse”

- Entre los hallazgos destaca un texto titulado “Antecedentes de los hechos violentos de Iguala”, que delinea una estrategia para desacreditar el primer informe del grupo, de septiembre de 2015, y a sus integrantes, así como a miembros de las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos

- El GIEI tiene indicios de que la Sedena inició procedimientos internos contra algunos de sus elementos ante la Fiscalía de Justicia Militar, que no han sido entregados a la UEILCA y que podrían aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.

OPERACIONES  ESPECIALES

Sembrar evidencia y desaparecer personas

El miércoles 30, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador sostuvo que “los marinos que se ve que están en el basurero y también los mandos superiores” rindieron declaraciones ministeriales, y que esas actuaciones respondieron a “decisiones que se tomaron a nivel central”, desde la Ciudad de México, donde tanto la Semar como la Secretaría de Defensa Nacional “tienen organismos de inteligencia para tareas especiales”.

De acuerdo con información recabada por Proceso, en el primer semestre de este año la UEILCA llamó a Ortega Siu, íntimamente ligado a la guerra contra el narcotráfico durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como comandante de la Unopes e involucrado en graves violaciones a derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de decenas de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Integrante del Cuerpo de Infantería de Marina, piloto helicopterista y diplomado de Estado Mayor, con el cargo oficial coordinador de Infantería de Marina, Ortega Siu fue promovido en noviembre de 2015 al grado de almirante por el entonces titular de la Marina, Francisco Soberón Sanz, teniendo entre sus “medallas” haber participado en operativos para la captura de capos del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, Antonio Cárdenas Guillén y Joaquín Guzmán Loera.