La ruta de AMLO para trasladar la Guardia Nacional a la Sedena

El "Plan C" aún no está completo. Tras la aprobación de la reforma judicial, Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión se alistan para aprobar un par de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador: la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, y la que pretende adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El traspaso de la Guardia Nacional a una administración militar, pese a ser una prioridad del presidente, fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023. Hoy, el panorama es mucho más favorable para la 4T, gracias a la mayoría calificada con la que cuenta en la Cámara de Diputados y Senadores. La aplanadora legislativa permite a Morena y sus aliados modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.

La iniciativa de reforma del Mandatario es su tercer intento para formalmente dejar a la Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Te explicamos la ruta que ha seguido el Presidente para consolidar este proyecto.

La iniciativa de reforma constitucional, que forma parte del paquete de 20 reformas constitucionales enviadas por el Presidente el pasado 5 de febrero, propone modificar los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución.

El proyecto busca adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, definirla como la fuerza de origen militar encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dotarle de facultades de investigación de delitos y cambiar los límites de las funciones que tiene el personal militar en tiempos de paz.

Las modificaciones también darían a la Sedena el control presupuestal de la Guardia Nacional, cuyos miembros, además, sólo podrían ser juzgados en tribunales militares.

Por otro lado, la iniciativa pretende facultar al Congreso para crear leyes en materia de seguridad interior que regulen la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública.

La Guardia Nacional, desde su concepción, fue parte de un intenso debate para decidir el tipo de mando que tendría el nuevo cuerpo de seguridad en el país.

Desde noviembre de 2018, cuando todavía era presidente electo, López Obrador planteó que la Guardia Nacional debería estar adscrita a la Sedena, argumentando que, ante la descomposición de corporaciones policiales, los militares eran los más confiables para las tareas de seguridad pública; así lo describió en su Plan Nacional de Seguridad Interior. La propuesta fue enviada al Congreso para su aprobación.

Cuando el proyecto llegó a San Lázaro, de inmediato fue objeto de controversia entre la oposición, organismos internaciones y la sociedad civil. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron que la propuesta violaba derechos humanos ante la evidencia de abusos por parte de las Fuerzas Armadas cuando se usan para combatir la violencia.

Morena y sus aliados tuvieron que negociar con los grupos parlamentarios opositores y en febrero de 2019, las cámaras del Congreso aprobaron la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo de carácter civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La decisión fue anunciada como un "gran acuerdo" entra todas las fuerzas que en ese momento integraban el Poder Legislativo.

A pesar de que en el papel la Guardia Nacional quedó bajo un mando civil, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en su publicación "Poder Militar: La Guardia Nacional y el riesgo del renovado protagonismo castrense", ha señalado que durante el último sexenio la Guardia cada vez ha ido cobrando un mayor control y carácter militar, debido a que la mayoría de sus integrantes y mandos operativos provienen de Fuerzas Armadas como el Ejército. El ingreso de estos elementos fue posible gracias a artículos transitorios en las leyes.

El Centro Prodh también explica que la supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se vio reducida mediante diversas reformas al reglamento de la Guardia Nacional, las cuales le confirieron autonomía en su manera de operar a varios niveles. De esta manera, la institución policial, poco a poco, fue desdibujando su carácter civil y adoptando una dirección militar de facto. 

En junio de 2022, en el marco del tercer aniversario de la Guardia Nacional, el Presidente anunció su intención de realizar una reforma para adscribir formalmente la Guardia Nacional a la Sedena.

Este segundo intento del Mandatario trató de llevarse a cabo mediante una iniciativa al Congreso, la cual fue avalada por ambas cámaras en septiembre y octubre del mismo 2022. Esta vez, la reforma pasó gracias los votos de Morena, PT y PVEM, pero también por el respaldo de diputados y senadores del PRI, así como de un senador del PRD en la Cámara Alta. Es decir, la 4T tuvo que negociar nuevamente con sus adversarios políticos.

Sin embargo, los planes del presidente se toparon con un obstáculo recurrente en su administración: El Poder Judicial. El 18 de abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar la iniciativa presidencial que trasladó a la Guardia Nacional a la Sedena.

Con mayoría de 8 votos, el Pleno de la Corte determinó que el proyecto del Presidente desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, como lo establece el artículo 21 constitucional.

Ante este revés, López Obrador puso en marcha su "Plan C": arrasar en las elecciones de 2024 para que su partido alcanzase la mayoría calificada en el Congreso y así concretar una serie de reformas constitucionales, entre las que se encuentran el traslado de Guardia Nacional a la administración de la Sedena.

El dictamen de esta reforma constitucional, que constituye el tercer intento del Mandatario para cambiar el mando de la Guardia, fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura el 22 de agosto. La gran diferencia es que, en esta ocasión, Morena y sus aliados no tienen la necesidad de negociar con los demás grupos parlamentarios.

Morena y aliados lograron un triunfo aplastante en las elecciones del pasado 2 de junio, con lo que se aseguraron 273 legisladores para amarrar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (dos terceras partes) y aprobar reformas constitucionales. Esto significa que, en la Cámara Baja, no existe impedimento para pasar la reforma sobre la Guardia Nacional.

El Senado, por su parte, vivió un drama durante el proceso para avalar la reforma judicial el pasado 11 de septiembre. Al final, el voto del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez terminó por darle a la 4T el voto número 86 que necesitaba para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta y aprobar la iniciativa.

Yunes Márquez fue expulsado del PAN tras lo que el partido blanquiazul consideró como una traición. Ahora, sin partido, el hombre es nuevamente clave para avalar la reforma en materia de Guardia Nacional en el Senado si decide unirse al grupo parlamentario de Morena o alguno de sus aliados.