Fallos en el incendio de Juárez
Hay irregularidades desde la detención de las víctimas hasta su reclusión en el centro del Instituto Nacional de Migración
Murieron en México 40 hombres asfixiados, calcinados dentro de una celda de un edificio del Gobierno y las respuestas todavía se escapan. El incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ha puesto al país frente a las heridas de su política migratoria. ¿Cómo pueden decenas de hombres ahogarse en el humo frente a las cámaras de seguridad, frente a los guardias encargados de vigilarlos? ¿Qué falló para que nadie los sacara de ese calabozo? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades?
- Ciudad de México
La última tragedia de Juárez es latinoamericana: la mayoría de los fallecidos, 18, eran de Guatemala, siete de Venezuela y siete de El Salvador, seis de Honduras y uno de Colombia. El más joven tenía 18 años, el mayor 51. Todos eran hombres. De los 27 heridos, 16 están en estado crítico —11 siguen sedados e intubados—, y algunos presentan quemaduras en casi el 30% del cuerpo. Habían sido arrestados y trasladados al centro de detención por no tener los papeles en regla, pero no estaban acusados de ningún delito.
Fotografías de las víctimas del incendio a las afueras del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.
Cuando se desató el incendio, provocado a modo de protesta dentro de la celda, los agentes se marcharon sin abrirles la reja. Fueron los bomberos quienes forzaron la entrada unos 15 minutos después para rescatar a los supervivientes. La Fiscalía General de la República (FGR), que ha asumido la investigación, ha liberado seis órdenes de detención: contra tres trabajadores federales de migración, dos miembros de la empresa de seguridad privada Camsa y contra el migrante al que acusan de haber iniciado el fuego. Están imputados, de momento, por homicidio y lesiones. Tres días después de la peor tragedia registrada en un centro gubernamental, que ha revelado de nuevo la crudeza de ser migrante en México, siguen apareciendo irregularidades en la detención, la reclusión y la evacuación de las víctimas.
Una familia de migrantes venezolanos cuida el altar dedicado a las víctimas del incendio del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez.
La detención
Ciudad Juárez lleva meses convertida en una olla a presión. Aquí convergen los migrantes que llegan del sur para cruzar a Estados Unidos —tanto mexicanos como latinoamericanos— con aquellos que el Gobierno de Joe Biden expulsa bajo el polémico Título 42. Recalan en la ciudad fronteriza pensando en marcharse, pero mientras tanto deben sobrevivir. Algunos consiguen trabajos legales mal pagados que dan un respiro a su situación migratoria, muchos aguantan gracias a los albergues y la caridad. La concentración de migrantes había empezado a molestar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien dijo hace un par de semanas: “Nuestra paciencia se acaba”. Desde entonces se habían precipitado los comentarios y las acciones contra ellos.
Migrantes venezolanos esperan informes de los lesionados durante el incendio del pasado lunes.
La reclusión
La estación migratoria de Ciudad Juárez es una de las primeras del país. Fue creada en 1995 con capacidad para 60 personas, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2019. No se han hecho remodelaciones desde entonces. A las 21.00 horas, momentos antes de que se iniciara el fuego, estaban recluidos al menos 83 adultos en ese centro: 68 hombres y 15 mujeres, sin contar a los niños que estaban también en el edificio con sus madres. Todavía no hay datos precisos de cuánto tiempo llevaban ahí los migrantes que no fueron detenidos ese día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al centro del Inami como un “albergue”, pero este inmueble ha sido definido por la CNDH como “un modelo de alojamiento tipo carcelario, similar al utilizado en los Centros de Reinserción Social, que conserva criterios de contención y represión de las personas en contexto de movilidad, como si se les atribuyeran conductas delictivas”. Esto implica que los migrantes no podían moverse libremente dentro del inmueble, ni mucho menos salir de ahí.
La evacuación
El fuego se extendió rapidísimo. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo en apenas 30 segundos el humo que salía de dos colchonetas incendiadas termina por tapar toda la sala hasta que ya no se ve nada. En ese mismo video se observa también cómo un agente de Camsa y dos federales, un hombre y una mujer, se pasean por la sala sin dirigirse hacia la celda en llamas, donde un migrante pega una patada a la puerta y otro se acerca a la verja a tratar de hablarles. Ninguno se gira, tampoco nadie trata de abrir el candado. Los tres se marchan.
El exterior del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, después del incendio del lunes.