Congreso CDMX aprueba dictamen para endurecer castigos por extorsión

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para castigar con mayor severidad el delito de extorsión.

Por unanimidad, las y los legisladores votaron para que este delito deje de ser patrimonial y se considere un ilícito contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, y que se persiga por oficio, es decir, sin una denuncia de por medio.

Este dictamen engloba tres iniciativas: la de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; y la de la diputada Tania Larios.

Se establece que la extorsión se castigará con hasta 15 años de prisión, y que habrá 15 agravantes para aumentar esta pena en una mitad.

Estas agravantes serán cuando: 

Se realice por servidor o exservidor público de cualquier nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión público y, tratándose de servidor o exservidores públicos, se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar empleo, cargo o comisión público;

Se realice por un miembro o exmiembro de una empresa de seguridad privada;

Se realice con la presencia física del sujeto activo, o por una interpósita persona;

Se cometa utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica;

Se cometa empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas;

Se realice por persona que se ostente como integrante o miembro de un grupo u organización delictivo, aun cuando no lo sea;

Se realice desde el interior de cualquier centro penitenciario o de reinserción social;

Se realice en contra de personas dedicadas al comercio;

Se realice en contra de personas dedicadas al transporte de personas o mercancías;

Se realice en contra de personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años;

Se realice haciendo uso de personas menores de dieciocho años;

Si quien lo realiza obtiene el beneficio pretendido por la extorsión;

Se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima;

Se realice con la intervención de una o más personas armadas o portando instrumentos que pongan en peligro la integridad física o la vida de la víctima, o que tengan la apariencia de arma de fuego; y

Se realice para obtener el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito.

Asimismo, este dictamen aumenta las penas contra la cobranza ilegítima, delito que se castigaría también con hasta 15 años de prisión.

Las y los integrantes de esta comisión también avalaron que sea considerado como secuestro express el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión.

Al respecto, el presidente de esta Comisión, Alberto Martínez Urincho, precisó que deben expedir reformas acordes a las necesidades de la Ciudad de México para salvaguardar los bienes de las personas y prevenir el delito de la extorsión y la cobranza ilegítima.

"Debo subrayar que mejorando los tipos penales ayudarán por mucho para dotar a la justicia de medios e instrumentos para consolidar una política criminal más efectiva y eficiente que atienda los altos valores de la sociedad capitalina", apuntó.

Los panistas Mario Sánchez y Olivia Garza coincidieron en que son una oposición responsable, por lo que votaron a favor de este dictamen, aunque adelantaron que presentarán algunas reservas de forma en el pleno.

Elizabeth Mateos, de Morena, señaló que este dictamen es relevante al abordar tres temas fundamentales: la cobranza ilegítima, el cobro de piso y los fraudes tecnológicos, por lo que "representa un paso firme hacia la seguridad y la justicia que merecen las y los capitalinos"; y reconoció el compromiso y la visión de la jefa de Gobierno, al presentar esta iniciativa que refuerza la lucha contra la extorsión, responde a un problema estructural y demuestra que su gobierno cumple los compromisos en materia de seguridad con la ciudadanía.