El caso Ayotzinapa no se cierra porque no siga el GIEI: expertos

• CIUDAD DE MÉXICO

"El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad", consideraron en un posicionamiento Angela María Buitrago y Carlos Beristain.

Indicaron que en ningún momento realizaron valoraciones políticas, ni manifestaron opiniones, tampoco dejaron que las discusiones políticas en México condicionaran la autonomía e independencia del GIEI.

Resaltaron que han proporcionado análisis con base en las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional, han trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado deteriorada en el país durante décadas.

"Para los familiares y víctimas del caso, el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y sobre todo de esperanza. Es esa esperanza de las familias y de la propia sociedad la que necesita respuestas. Gracias, papás, mamás y familiares", destacaron los expertos.

Indicaron que el GIEI llegó a México en marzo del 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y de coadyuvancia en la investigación mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Refirió que después de un periodo inicial de catorce meses en el que el GIEI mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la Procuraduría General de la República (FGR) y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 como invitada por el nuevo gobierno y los padres quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH.

Subrayó que las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas y en el primer periodo de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas.

Esto por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del Ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos.