Ridiculiza masacre la estrategia militarizada

Guanajuato

El papá de Víctor Hugo pasó de la incertidumbre al llanto y a los gritos, hasta terminar en una confrontación con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Una llamada telefónica le confirmó que su hijo estaba ese sábado 15 en el centro botanero ‘El Pantano’, donde esa noche fueron asesinadas 12 personas.

“¿Para qué los queremos aquí? ¡Para esto sirven ustedes, para esto nada más!”, reclamó a los soldados el hombre de unos 60 años, mientras tomaba con una de sus manos la cinta amarilla con la leyenda “prohibido el paso”.

En busca de información sobre su hijo de 37 años, el padre de Víctor Hugo fue uno de los primeros en presentarse la escena del multihomicidio. Desde atrás de la cinta alcanzaba a ver la camioneta de su hijo estacionada fuera del centro botanero.

Primero les pidió amablemente a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que le dijeran si Víctor Hugo estaba entre las víctimas. Describió la vestimenta de su hijo: pantalones deportivos y tenis rojos. Fue en vano. En un ligero gesto de empatía, un soldado le tocó el brazo en un intento de reconfortarlo, al darse cuenta de que varias cámaras de medios de comunicación estaban grabando.

Dentro del perímetro marcado por la cinta, decenas de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército tenían la indicación de resguardar la escena del crimen. En las inmediaciones, en menor número, deambulaban policías estatales y municipales. “¡Es mi hijo! ¿Cómo no voy a entrar?”, gritaba el hombre, sin conseguir respuesta de los agentes federales.

Acompañado de familiares de otras víctimas traspasó la cinta amarilla, pero enseguida formaron una valla refuerzos de la Guardia Nacional.

Un helicóptero del gobierno de Guanajuato sobrevolaba la zona. “¿Ya para qué?”, cuestionó uno de los vecinos de la colonia 12 de Diciembre. Otros comentaban lo que todo mundo, incluyendo a las autoridades, sabía: en aquel lugar se vendía droga.

• En centro botanero ‘El Pantano’ fueron asesinadas 12 personas.

COORDINACIÓN EN DUDA

A principios de octubre, cuando el ayuntamiento de Irapuato despidió a 100 policías preventivos, la alcaldesa Lorena Alfaro García anunció que se contaría con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Dos semanas después, la participación de los efectivos federales y del estado ante la masacre que ha dejado el mayor número de víctimas en Guanajuato durante 2022, consistió básicamente en colocar las cintas e impedir que familiares se acercaran a la entrada principal del negocio.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, y de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la gubernatura, Guanajuato se ha mantenido a la cabeza en homicidios dolosos con más de 15 mil víctimas en los últimos cuatro años.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta que en los primeros ocho meses de 2022 Guanajuato suma 2 mil 424 víctimas de homicidio doloso.

Aunque López Obrador ha presentado cuentas alegres sobre la presencia de fuerzas federales en Guanajuato y las autoridades locales presumen coordinación, a partir de 2022 el número de elementos de la Guardia Nacional en el estado disminuyó 42% comparado con el cierre de 2021.

En el informe de la estrategia nacional de seguridad pública que la Guardia Nacional entregó al Senado de la República se detalla el despliegue de la corporación por entidad entre abril de 2021 y marzo de 2022.

En abril del año pasado en Guanajuato había 6 mil 613 agentes de la Guardia Nacional, pero a partir de mayo y hasta diciembre pasado el número se mantuvo en 6 mil 260. En enero de 2022 su presencia disminuyó severamente: 3 mil 601 elementos. Y en febrero y marzo sólo se sumaron 10.

Para la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad y vocera de los temas de seguridad del gobierno de Guanajuato, Sophia Huett López, las fuerzas federales en las calles del estado han sido funcionales, aunque la entidad se mantiene en primer lugar nacional por la cantidad de homicidios dolosos que se cometen diariamente.

“Sin duda su presencia es útil; tiene que haber una corresponsabilidad, coordinación entre los tres niveles de gobierno: municipios, estado y federación”, dice a Proceso.

Huett López aclaró que los constantes anuncios de la llegada de elementos federales se dan por los cambios que hacen las corporaciones trasladando al personal a otros estados: “Evidentemente se habla de más presencia, pero no hay que olvidar también que se trata de una rotación”.

Por su parte, el gobernador Rodríguez Vallejo ha asegurado en entrevistas y eventos públicos que la coordinación con las autoridades federales se mantiene y que los homicidios dolosos van a la baja.

“Los resultados poco a poco se están dando, a pesar de estos eventos lamentables que nos generan esta gran percepción (de inseguridad) a nivel nacional... Si seguimos revisando los números, hay una tendencia clara a la baja de homicidios. Tenemos que seguir confiando en la estrategia, seguir trabajando de manera coordinada”, declaró el mandatario estatal en entrevista después de asistir al informe de la bancada panista en el Congreso local.

Mientras el PAN y su dirigente, Marko Cortés, sostienen una postura contra la militarización en el país y las reformas impulsadas por el presidente y Morena, en Guanajuato el gobernador y varios alcaldes y alcaldesas emanadas del mismo partido político piden y celebran la llegada de más militares.

El gobernador guardó silencio hace unas semanas cuando Marko Cortés anunció que su partido votaría contra la reforma para que la Sedena asuma el control de la Guardia Nacional, y evitó contestar preguntas al respecto un par de ocasiones. Proceso solicitó una entrevista con él, pero hasta el cierre de la presente edición no se ha podido concretar.

La alcaldesa panista de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció que el municipio está por comprar un predio de 10 hectáreas que donará a la Sedena para construir una base militar en la zona de Las Joyas, una de las más conflictivas de la ciudad. Contará con helipuerto y habitaciones para alrededor de mil 500 soldados.

Al preguntársele en una visita al Congreso local si está de acuerdo con la permanencia de los militares en las calles, Gutiérrez Campos se limitó a hacer un llamado al gobierno federal para que regrese a los municipios el fondo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Habemos municipios que con recurso propio dejamos de hacer algunas cosas para poder destinar el recurso a seguridad. Casi 56% del presupuesto total (de León) se destina a seguridad, pero hay municipios del país que con recursos propios no pueden ni siquiera pagar la nómina para fortalecerse. Queremos tener policías municipales fuertes, pero necesitamos que el recurso del Fortaseg regrese”.