Alerta magistrado sobre crecimiento de crimen en elección

CIUDAD DE MÉXICO.-"¿Incide el crimen organizado en las elecciones mexicanas? Sí. ¿Poquito, chiquito, medianito? Creciendo".

 Así es como el magistrado electoral Felipe de la Mata alertó sobre "el problemón" que tiene el País rumbo a la elección del 2 de junio, en la que se elegirán 20 mil 375 cargos, entre ellos la Presidencia de la República.

 Sin embargo, criticó, pese a la gravedad, las autoridades electorales y gubernamentales, así como algunos partidos, tienen miedo hablar del tema, cuando debería estar en la discusión pública todos los días para encontrar soluciones reales.

 El magistrado impartió la conferencia: "Elecciones y crimen organizado", organizada por la Escuela Judicial Electoral en la Universidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la cual dará en otras entidades para visibilizar el problema.

 En ese estado, donde el crimen ha provocado recientemente el desplazamiento de comunidades y la cancelación de turísticos, el juez electoral reconoció que la sentencia emitida por el Tribunal Electoral, en la que mandata al INE a elaborar un protocolo de seguridad, fue insuficiente.

 Aseguró que si bien el Instituto Nacional Electoral no tiene la facultad de elaborar un mapa de riesgo, sí cuenta con información de situaciones de peligro sección por sección, y las autoridades encargadas de la seguridad, tanto federal como local, tienen focos rojos.

 "Puede hacerse un mapa de riesgo conjunto y decir donde puede haber, por ejemplo, secuestro de urnas o donde puede haber quema de urnas o donde puede haber tal problema, Por ejemplo, qué dijeron en Nahuatzen (Michoacán en el 2018): 'Si ponemos las casillas, va a haber hasta muertos' (se colocaron en el poblado cercano).

 "Ahora se habla o se empieza ya a hablar con cierta normalidad que determinada candidatura está o no ligada a determinado, digamos, grupo del crimen organizado", explicó.

 Calificó como evidente que en el proceso actual el crimen organizado ya esté actuando, pero no se conoce, por lo que urge hacerlo visible para que exista una elección libre, auténtica y democrática.

 De la Mata indicó que lo más frecuente que escucha es que en diversos puntos controlados por la delincuencia nadie quiere ser candidato.

 "Estamos ante el problema más importante frente al cual nos vamos a tener que enfrentar todo el Sistema Electoral Mexicano, pero pareciera que es algo secreto de lo que nadie quiere hablar, es el gran elefante en el cuarto, nadie quiere decir ¡Tenemos un problemón!.

 "No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que se va a presentar también en la elección de 2024 y que está creciendo. No falta mucho, como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado quieren ser Presidentes de la República", advirtió.

 Por ello, cuestionó si es mejor "agarrar el toro por los cuernos" ahora, o esperar que un cártel compita por la Presidente de la República, una gubernatura o una presidencia municipal.

 Recordó algunos casos en los últimos días, 10, donde el crimen sí intervino y las elecciones fueron anuladas, sin embargo, reconoció, en la mayoría de ocasiones no hay pruebas contundentes, como sucedió en el 2021 en Tamaulipas, por lo que el enfoque debe cambiar.

 De no enfrentar el problema, auguró, llagará el punto en el que las casillas, o el distrito completo, tengan que llenarse de militares.

 El magistrado afirmó que el INE sí puede crear un filtro para garantizar o disminuir la posibilidad de que los aspirantes no estén cooptados por células del crimen organizado.

 "Se necesita generar una base de datos pública, clasificada por tipo de elección federal y local, y esta base de datos respecto de los candidatos tiene que evidenciar que son personas limpias o si hay sospechas, pues también que lo sepa la gente", consideró.

 Frente al financiamiento ilícito, propone que todo el recurso que se use en las campañas debe ser bancarizado, pues actualmente una parte es en efectivo.

 El INE tiene que asumir la organización de la elección en aquellos municipios con grave incidencia del crimen, no el organismo estatal.