Revisan promover controversias contra Samuel, Tesorero y TJA

 En el primer caso, se analizará la promoción de la controversia por la presunta violación a la autonomía de los municipios al establecerles reglas de operación para poder recibir los recursos que les corresponden de la partida de 2 mil 500 millones de pesos que les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos 2023.

• MONTERREY, NL

 En el caso de la magistrada del TJA es por haber admitido un recurso del Ejecutivo contra el juicio político que el Congreso le inició a éste por no presentar a tiempo el Presupuesto 2023.

 Lorena de la Garza, Diputada local del PRI, presentó al Pleno la propuesta de acuerdo en esos términos, la cual fue votada en contra por los legisladores de Movimiento Ciudadano.

 "El pasado 11 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, misma que tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el presente ejercicio fiscal", expuso De la Garza.

 "En este sentido, el artículo 98 de esta Ley prevé la autorización de un fondo para municipios que tendrá un monto financiero de 2 mil 500 millones de pesos, los cuales se destinarán para pavimentación, movilidad, acciones de seguridad, parques y cualquier obra de infraestructura productiva, especificándose el monto que le corresponde a cada municipio.

"Sin embargo, el 19 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento para la Presentación de Proyectos y Administración de Recursos del Artículo 98 de la Ley de Egreso por parte del Ejecutivo del Estado, bajo la argumentación de que es necesario contar con una reglamentación para apoyar en lo administrativo a los Municipios... dicho instrumento jurídico excede lo aprobado por esta soberanía, rebasando la esfera competencial del Ejecutivo, presumiéndose la existencia de una violación al orden constitucional".

 En el otro caso, añadió, el 13 de febrero se turnó un escrito de Ulises Carlín, Consejero Jurídico del Gobernador, por medio del cual remite a la Comisión Anticorrupción la resolución emitida el 10 de febrero dentro del Juicio de Nulidad 286/2023, por parte de la Segunda Sala Ordinaria del TJA, demanda que no debió admitirse por no ser competencia de ésta dirimir esos asuntos.

 "Existe una prohibición en la Constitución local y en la Ley de Justicia Administrativa Estatal", añadió la priista, "para que el Tribunal de Justicia Administrativa conozca de juicios contenciosos administrativos en contra de actos del Congreso".

 Ante ello, legisladores de MC, dijeron que las reglas permitían tener controles y transparencia en el uso de ese recurso y acusaron que los Alcaldes del PRIÁN querían tener el recurso sin restricciones para un manejo discrecional.

 Mientras que en lo referente al TJA dijeron que se quería atentar contra la autonomía de éste y defendieron su actuación.

 "Se aprueba analizar, por medio de la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo y, en su caso presentar, la controversia constitucional o de inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine, en contra del acto de publicación y entrada en vigor del Reglamento para la Presentación de Proyectos y Ministración de Recursos del Artículo 98 de la Ley de Egresos del Estado 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de enero del 2023, por parte del Poder Ejecutivo y del Tesorero"., se estableció el acuerdo finalmente aprobado.

 "Se aprueba analizar por medio de la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo y, en su caso presentar, la controversia constitucional o de inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal, en contra de todos los actos que resulten procedentes para la presentación de dichos medios de control constitucional respecto del Juicio de Nulidad 286/2023 de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, de su titular y de toda autoridad que sea responsable".

 Como parte del acuerdo se autorizó a la Dirección Jurídica para que presente el análisis y elabore el o los proyectos de demanda y, al presidente del Congreso Mauro Guerra, a que, con la representación legal de la Legislatura, presente esos recursos ante las instancias que corresponda.