Buscan trabajadores acuerdo ´in extremis´

El proyecto para que el nombre ´Mexicana´ vuelva a surcar los cielos está en un callejón sin salida. Mientras una parte de los extrabajadores de la aerolínea venida a menos pelearán hasta el último minuto para llegar a un acuerdo con sus colegas y así poder venderle al Gobierno la marca, el otro grupo, unos 229 antiguos sobrecargos de la firma, insisten en que no cambiarán de opinión sobre mantener sus amparos en tribunales, frenando la transacción. Los días pasan y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le está acabado la paciencia y el tiempo de mandato, por ello ha dado como último plazo máximo el próximo 5 de julio. O llegan a un acuerdo y permiten la compra o retira la oferta de 815 millones de pesos para adquirir el nombre y un puñado de activos. El Ejecutivo, incluso, ya contempla un nombre alternativo para su proyecto aeronáutico estatal: Aerolínea Maya.

A menos de 30 días de que venza el último plazo que ha dado el Gobierno federal para comprar la marca y lo que queda de activos: un par de edificios, simuladores y centros de mantenimiento, el presidente López Obrador ha mandado un par de mensajes a los extrabajadores disidentes para que reconsideren su postura y desistan de sus batallas legales: "Ojalá y recapaciten porque sería muy bueno el que regresara Mexicana. ¿Cuándo va a llegar una empresa particular a comprarles la marca? Nosotros lo estamos haciendo porque tiene que ver con la tradición, es la línea aérea más importante de México" declaró el mandatario este jueves.

PANORAMA NADA ALENTADOR

Pese a los exhortos presidenciales, el panorama no se advierte alentador entre ambas partes. Mientras el grupo demandante esgrime su derecho legal a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir el cobro de un laudo, el resto de los exempleados aún confía en que en estos últimos momentos cambien de parecer y permitan avanzar la oferta presidencial. En juego está la lucha de más de 6.000 trabajadores que a más de una década de la bancarrota de la empresa aún no han conseguido el pago por salarios caídos, prestaciones, ni jubilaciones. Todos coinciden en que 815 millones de pesos es una cifra inferior a lo que les corresponde, pero una parte de los afectados advierte que es preferible aceptar esta oferta y obtener al menos algo a quedarse, de nuevo, con las manos vacías.