Planean fondo de ayuda para víctimas de delitos

Tamaulipas planea crear un Fondo de Ayuda para entregar apoyos económicos, mentales, emocionales y en general a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, así como obligar a los 43 alcaldes a asignar recursos públicos para el mismo concepto.

Con la creación de la nueva Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya plantea erradicar las deficiencias en la atención a las víctimas directas, indirectas y potenciales, observadas en la entidad en los últimos años.

Contará con 164 artículos, 11 títulos y 16 artículos transitorios, en los que se obliga a los presidentes municipales a destinar una partida anual para atender a las víctimas directas, sus familiares y colectivos que ayudan a éstas, tanto en apoyos económicos, médicos, trámites funerarios, así como atención médica y psicológica para reparar el daño ocasionado.

Se buscan reforzar los derechos de las víctimas, las medidas de ayuda, las medidas de reparación integral del daño, dotar de competencias a instituciones estatales y municipales, así como la creación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

El fondo servirá para solventar los gastos de las víctimas, de acuerdo al nivel de daño ocasionado que será verificado por un órgano jurisdiccional nacional, un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, o por un órgano público de protección de derechos humanos.

"La Comisión Estatal determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo, tomando en cuenta la determinación del Ministerio Público", señala el documento.

La compensación tendrá un tope de 54 mil 285 pesos mensuales, y de ahí a un rango inferior, según la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar un enriquecimiento para la víctima.

Estos beneficios irán de la mano con la atención médica, psicológica y psiquiátrica cuando lo amerite, servicios y asesoría jurídica, servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana; acceso a programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto.

El documento contempla una revisión total y depuración del sistema de víctimas a fin de garantizar que el padrón se mantenga actualizado, así como las violaciones de derechos humanos de las que fueron objeto. Debe quedar todo conformado a más tardar el primer semestre del 2025.

En lo que esto sucede, los Municipios deben actualizar sus leyes y normas para contemplar los apoyos y ayudas a las víctimas, al igual de brindar capacitaciones a sus empleados para que den un servicio sin revictimizarlas.