Arizona militariza la frontera con México para contener la crisis de inmigrantes

Arizona ha seguido la estela de Texas y California, Estados que han reforzado la presencia militar en la frontera con México. Katie Hobbs, la gobernadora demócrata de la entidad, firmó el viernes una orden ejecutiva para desplegar a la Guardia Nacional en varias comunidades afectadas por el incremento de la inmigración irregular en los próximos meses. Hobbs, la primera demócrata que gobierna la entidad en 14 años, sigue el ejemplo de sus antecesores republicanos, quienes habían enviado a militares a auxiliar en la vigilancia de la zona. El gesto, sin embargo, subraya el giro que los demócratas están adoptando sobre inmigración y seguridad fronteriza rumbo a las elecciones de 2024.

"A pesar de continuas peticiones de asistencia, la Administración Biden se ha negado a entregar los recursos que necesita la frontera de Arizona", aseguró Hobbs en su orden ejecutiva, emitida la tarde del viernes. La gobernadora no ha especificado el número de agentes de la Guardia Nacional que desplegará. En Gobiernos anteriores, sin embargo, unos 300 militares habían sido movilizados. La presencia de esta fuerza en la región es habitual. El último grupo, enviado por el predecesor de Hobbs, Doug Ducey, se retiró en septiembre. Habían estado allí desde abril de 2021.

Mucho ha cambiado en la zona desde entonces. El Gobierno del presidente Joe Biden cerró desde el 4 de diciembre el puerto de entrada de Lukeville, la garita de mayor paso desde Puerto Peñasco y Sonoyta, Sonora. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado que necesitaba al personal de ese cruce para procesar inmigrantes recién llegados. La comunidad está ubicada en el Desierto de Sonora y ha llegado a registrar temperaturas cercanas a los 50 grados. A pesar de estas condiciones hostiles, ha sido un cruce muy recurrido para los migrantes provenientes de Asia y África. La zona ha registrado este año el número más alto de cruces visto desde 2008.

El sector de la Patrulla Fronteriza que vigila la zona asegura que han hecho arrestos de ciudadanos de Pakistán, China, Senegal y Mauritania, nacionalidades poco frecuentes en la región. Las cifras de la CBP indican también que es un paso frecuente para migrantes de Ecuador, Bangladesh y Egipto, quienes comienzan el camino a Estados Unidos por una ruta que tiene a Nicaragua como punto de partida. Las autoridades hicieron 17.500 arrestos en el sector de Tucson (que incluye el remoto paraje de Lukesville) durante la última semana de noviembre. La Patrulla Fronteriza promediaba unas 2.500 detenciones al día, un importante incremento desde las 1.700 que se hacían en la zona en septiembre, cuando ya era uno de los puntos con más movimiento en los 3.200 kilómetros de frontera.

El cierre del cruce fronterizo, ordenado por Washington, fue duramente criticado por los perfiles políticos más destacados del Estado, entre ellos los senadores Mark Kelly y la polémica Kyrsten Sinema, quien se declaró independiente y se juega el puesto en noviembre de 2024. Kelly, Sinema y Hobbs emitieron un comunicando conjunto en el que afirmaron que el cierre desestabilizaba aún más la frontera porque daña las comunidades, afectando el comercio y el turismo locales. La clausura de la garita, que no tiene fecha para reapertura, ha provocado una gran cobertura en la prensa local. Esta afirma que el lugar, conocido también como Rocky Point, se ha convertido en un pueblo fantasma.

Las tropas enviadas por Hobbs auxiliarán en la zona de Lukeville y San Miguel para tratar de frenar el tráfico de fentanilo, disminuir el tráfico de personas y dar apoyo a las policías locales de esas comunidades. La gobernadora también afirmó que reforzará la presencia del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, la policía estatal. Tampoco reveló el número de agentes que se sumarán a estas tareas. Gavin Newsom, el gobernador de California, el bastión demócrata más grande del país, también aumentó la presencia de Guardias Nacionales en las aduanas de la entidad. El número de uniformados pasó de 40 a 60 en cada cruce. Lo hizo para aumentar el número de incautaciones de fentanilo, el opiáceo que ha dejado decenas de miles de muertes en el país.