Urge HRW a Honduras a crear comisión contra la corrupción
Junio 09, 2023 - 12:03 p.m.
La ONG Human Rights Watch (HRW) urge al gobierno de Honduras a tomar medidas para combatir la corrupción, poniendo el foco en la creación de una comisión respaldada por Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)
"Si Honduras establece las condiciones adecuadas, la comisión internacional podría convertirse en un modelo regional en el combate a un flagelo que vulnera los derechos de las personas y su posibilidad de vivir con dignidad a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe", indica la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
Goebertus considera que "la presidenta Castro y el secretario general Guterres, con el apoyo de la comunidad internacional, tienen la oportunidad de demostrar que la democracia y el Estado de derecho pueden abordar eficazmente las necesidades de la población".
Sin embargo, desde HRW sostienen también que "habiendo transcurrido más de un año desde que (Xiomara Castro) asumió (la presidencia), debe demostrar a la población hondureña que hablaba en serio".
Expertos en materia anticorrupción destacan la importancia de que la comisión internacional sea diseñada como un vehículo para fortalecer las instituciones locales y aseguran que el trabajo de este organismo será crucial, pero que debería contribuirse también a la construcción de un sistema hondureño de justicia y de lucha contra la corrupción sólido y resistente, con capacidad para disuadir, procesar y sancionar, en el largo plazo, hechos de corrupción.
El marco jurídico de Honduras incluye leyes que reducen la transparencia y la rendición de cuentas, dificultando así la lucha contra la corrupción, según recoge en el último informe de Human Rights Watch enviado a Castro y a Guterres. Este informe pone por muestra un decreto legislativo de 2021 que hizo menos estricta la definición penal del crimen de lavado de activos, lo que llevó a desestimar numerosos casos.
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De los 14 expedientes de investigaciones de corrupción consultados por Human Rights Watch, se han detectado nexos claros con violaciones de derechos humanos en 12 de ellos. La corrupción documentada por los fiscales vulneraba los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y la educación, además de otros como el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas que puedan afectarlos.
En este contexto, Human Rights Watch pide a Xiomara Castro que de a la futura comisión potestad para proponer reformas legislativas que fortalezcan el Estado de derecho e incentiven la lucha contra la corrupción. En la misma línea, la ONG solicita a la presidenta que se comprometa a trabajar con el Congreso para implementar estas reformas.
UN INCREMENTO "EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE" DE LA CORRUPCIÓN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ya en 2019 de que los casos de corrupción se habían "multiplicado" en una medida "extremadamente preocupante" en América Latina y el Caribe. En 2022, Honduras ocupó el puesto 157 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción desarrollado por Transparencia Internacional, posicionándose por debajo de los demás países de la región a excepción de Nicaragua (167), Haití (171) y Venezuela (177).
En 2016, el entonces presidente, Juan Orlando Hernández, creó la a Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, para dar a conocer algunos de esos casos de corrupción y su impacto sobre los derechos humanos. Sin embargo, la resistencia del Congreso y del Ejecutivo al trabajo de esta misión debilitó rápidamente el esfuerzo en la lucha contra la corrupción.
Así, Hernández se negó en 2020 a extender el mandato de la misión después de que esta sacara a la luz varios casos de corrupción de alto nivel. La MACCIH no consiguió implementar las reformas legales necesarias para fortalecer la independencia del poder judicial.
Un paso a destacar en esta dirección fue la reforma legislativa de 2022 relativa al proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema, que incorporó mayor transparencia a la designación de 15 nuevos magistrados en febrero de 2023.
El futuro de la independencia del sistema de justicia hondureño también depende de la forma en que se lleve a cabo el proceso de selección del próximo fiscal general, una vez que concluya el mandato de cinco años del actual fiscal general Óscar Chinchilla el 31 de agosto. El proceso debería ser transparente y basarse en el mérito y en criterios claros, indica Human Rights Watch.