Latina, acusada de asesinato por aborto, podrá demandar a fiscales

Nueva York

El rostro de 26 años de Lizelle González apareció en las primeras planas de la prensa en abril de 2022. La joven había ido a pedir ayuda a los médicos del Hospital Memorial del condado de Starr, en Texas, y terminó arrestada y acusada de asesinato por haber "inducido un aborto" cuando tenía 19 semanas de embarazo. Dos años después, es González quien recibe luz verde para demandar al sheriff y los fiscales de Texas por un caso que generó protestas, indignó a los activistas por los derechos reproductivos y, en especial, cambió "para siempre la vida de la demandante".

El pasado mes de marzo, González presentó una demanda en la que asegura que al acusarla se ignoraron sus derechos civiles. El fiscal de distrito del condado de Starr, Gocha Ramírez, la fiscal asistente Alexandria Lynn Barrera y otros funcionarios, pidieron que se desestimara dicha demanda. Pero no sucederá y tendrán que enfrentar consecuencias. Este miércoles, el juez federal del distrito, Drew B. Tipton, denegó la moción para echar al lado el caso y González podrá seguir con su demanda en la corte, con la que busca una indemnización de un millón de dólares.

Los hechos en cuestión sucedieron en enero de 2022. González llegó a la sala de emergencias del hospital tras usar misoprostol para abortar. En ese momento los médicos vieron que el corazón del feto estaba latiendo y que la joven no tenía contracciones, por lo que al día siguiente le dieron de alta. Luego González regresó al centro con dolor abdominal y sangrado, por lo que le practicaron una cesárea para extraer el feto de su vientre. Fue el propio personal médico del hospital quienes llamaron a las autoridades para informar del incidente, violando así los derechos de la joven a su privacidad como paciente, según aclara su demanda. González pasó dos noches en prisión luego de que las autoridades cargaran con ella, y le impusieron una fianza de 500.000 dólares.

Tras las protestas a las afueras de la cárcel para exigir su liberación y el impacto que tuvo el arresto de González, el propio fiscal Ramírez dijo que había hablado con el abogado de la joven "para decirle que [su] oficina presentará una moción para desestimar" la imputación en su contra. "Al revisar la ley de Texas queda claro que la señora González no puede ni debe ser procesada por las alegaciones en su contra", e informó que González no afrontaría un juicio.

Los demandados, desde entonces, han manejado que se trató de una "negligencia", pero el abogado David Donatti, quien representa a González, sostuvo este miércoles que lo que pretenden mostrar "es que la negligencia no explica esta supervisión. Es el papel y la función de los fiscales estar conscientes de los elementos de los estatutos que están acusando", dijo.

La demanda de González afirma que el arresto y su acusación de asesinato "han cambiado para siempre la vida de la demandante". González no pudo con tanto, le dañó ver su foto policial en internet y en la prensa, como si no se tratara de la joven que fue en busca de ayuda, sino una "criminal".