Investigación fiscal: Secretario de Justicia de EU en la mira

Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos gestionó para avanzar un intento de declarar en desacato al secretario de Justicia Merrick Garland, horas después que la Casa Blanca se negó a entregar el audio de una entrevista que le hizo al presidente Joe Biden el fiscal especial que investiga su manejo de documentos clasificados.

"El departamento tiene la obligación legal de entregar los materiales solicitados de conformidad con la citación", sostuvo durante la audiencia el congresista Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial del Partido Republicano. "La negativa intencional del secretario de Justicia Garland a cumplir con nuestra citación constituye desacato al Congreso".

• La Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja votó el jueves para impulsar la declaración de desacato. Está programada para el jueves en la tarde una votación similar en la comisión de supervisión de la cámara.

La disputa sobre el acceso a las grabaciones está en el centro de un intento republicano para acusar a Garland de desacato al Congreso y, más ampliamente, para obstaculizar el esfuerzo de reelección del presidente demócrata en los meses finales de una disputada campaña.

Pero el momento para que se realice una votación por parte del pleno de la Cámara de Representantes y la voluntad de la fiscalía federal de actuar sobre la remisión siguen siendo inciertos. Si los intentos de los republicanos de la cámara baja finalmente tienen éxito, Garland se convertirá en el tercer secretario de Justicia acusado de desacato al Congreso. La Casa Blanca criticó la medida en una carta el jueves temprano, calificando los esfuerzos para obtener el audio como puramente políticos.

"La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo —editarlas, alterarlas y usarlas con fines políticos partidistas", escribió el abogado de la Casa Blanca, Ed Siskel, en una carta mordaz a los republicanos de la Cámara de Representantes antes de la votación prevista de dos comisiones de la cámara baja para remitir a Garland al Departamento de Justicia por los cargos de desacato por la negativa del departamento a entregar el audio.

"Exigir al Poder Ejecutivo tales materiales de aplicación de la ley delicados y protegidos constitucionalmente porque se quiere manipularlos para obtener posibles beneficios políticos es inapropiado", añadió Siskel.

Garland advirtió por separado a Biden en una carta revelada el jueves que el audio goza de privilegio ejecutivo, que protege tanto la capacidad de un presidente de obtener ayuda de sus asesores sin temor a una divulgación pública inmediata como las comunicaciones confidenciales relacionadas con responsabilidades oficiales.

Garland dijo a los periodistas que el Departamento de Justicia ha hecho todo lo posible para proporcionar información a las comisiones sobre la pesquisa del fiscal especial Robert Hur, incluyendo una transcripción de la entrevista de Biden con Hur. Pero, dijo Garland, publicar el audio podría poner en peligro futuras investigaciones delicadas y de alto perfil.

Las autoridades han sugerido que entregar la cinta podría hacer que futuros testigos se preocupen por cooperar con los investigadores.

"Ha habido una serie de ataques sin precedentes y francamente infundados contra el Departamento de Justicia", dijo Garland. "Esta solicitud, este esfuerzo por utilizar el desacato como método para obtener nuestros archivos confidenciales de aplicación de la ley es el más reciente".

Siskel envió la carta a los legisladores tras el revuelo de los asesores y aliados de Biden por los comentarios de Hur sobre la edad y la agudeza mental de Biden, y resalta las preocupaciones en un año electoral difícil sobre cómo los momentos potencialmente embarazosos de la larga entrevista podrían verse exacerbados por la publicación total o selectiva del audio.

ACUSACIÓN DE SUPRESIÓN

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, criticó la medida de la Casa Blanca y acusó a Biden de suprimir la cinta porque teme que los votantes la escuchen en un año electoral.