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Denuncia Guatemala irregular compra de vacunas

Detectan irregularidades en contratos de compra de los inoculantes Sputnik

Una caja vacía de vacunas rusas Sputnik contra el Covid-19.Denuncia Guatemala irregular compra de vacunas

Guatemala.- El gobierno guatemalteco presentó el jueves una denuncia por supuestas anomalías en la compra de millones de vacunas rusas contra el Covid-19 que hizo la administración del expresidente Alejandro Giammattei durante la pandemia.

El procurador general de la nación, Julio Saavedra, y el ministro de Salud, Óscar Cordón, fueron los encargados de hacer la denuncia sobre el contrato de compra de los inoculantes Sputnik en el que habrían detectado irregularidades.

SUMAN DELITOS

Según Saavedra, se habrían cometido por lo menos tres delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

El gobierno de Giammattei negoció bajo total secreto la compra de 16 millones de vacunas rusas de las cuales se habrían pagado y recibido la mitad. De éstas, cinco millones habrían vencido antes de ser utilizadas.

En conferencia de prensa, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dijo que este caso representa cómo la corrupción alcanzó y afectó a la población guatemalteca.

El procurador general explicó que el contrato —redactado en inglés, algo que no permite la ley en el país— se realizó con un intermediario que no era el productor de las vacunas, lo que violaba el mismo acuerdo establecido por el gobierno de Giammattei para transparentar las compras durante pandemia.

CONTRATOS ABUSIVOS

LLC Human Vaccine fue la entidad intermediaria que habría firmado el contrato junto a la entonces ministra de salud Amalia Flores, que es una de las denunciadas. “Se hizo con una serie de condiciones y aspectos que son contrarios a los intereses del Estado. Una contratación abusiva y en contra del Estado”, recalcó Saavedra.

El funcionario dijo que entonces el Ministerio de Salud autorizó el pago de regalías a la entidad intermediaria. Saavedra confirmó que en el contrato se fijó un límite de 100.000 dólares de indemnización, para el caso de que el Estado guatemalteco demandara. La compra supuso un pago de más de 80 millones de dólares.