No podrán detener el transporte de migrantes
Agosto 28, 2021 -
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos impugnó la orden en tribunales dos días después
McAllen, Tx.
La denuncia del Departamento de Justicia argumenta que la orden ejecutiva de Abbott “obstruye los arreglos del Gobierno federal con socios no gubernamentales e interfiere directamente con la administración de la ley federal de inmigración”.
La juez Cardone ya había emplazado una suspensión de la orden ejecutiva de Abbott con una orden de restricción temporal, misma que expiraba el viernes, pero que ahora ha confirmado con el fallo dado a conocer este jueves.
“Por la presente se ordena que los demandados, sus agentes, funcionarios y empleados, y todas las demás personas y entidades en representación activa o participación con ellos están impedidos de tomar cualquier acción para hacer cumplir la orden ejecutiva”, dictaminó la juez Cardone.
Aunque Abbott sostuvo que su orden tenía la intención de prevenir la propagación de Covid-19, la juez federal con sede en El Paso rechazó el fundamento declarado del gobernador.
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“La orden parece hacer poco para proteger la salud pública a pesar de sus supuestas motivaciones”, escribió Cardone en su dictamen.
“Texas no presenta evidencia de que los no ciudadanos que ingresan a los Estados Unidos por la frontera representen un riesgo particular para la salud, tal que restringir su transporte mejoraría la salud y la seguridad”, afirmó la magistrada.
Cardone sostuvo que la medida cautelar preliminar estará vigente hasta que el caso se resuelva a fondo, ante la opción de la administración estatal de apelar la sentencia.
El pasado 28 de julio el gobernador Abbott ordenó a los policías estatales de Texas detener cualquier vehículo si existe una “sospecha razonable” de que transportaban migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Dicha orden incluía a aquellos migrantes que pudieran haber sido liberados de la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos impugnó la orden en tribunales dos días después, al entablar una demanda que alegaba que la orden era una sustitución ilegal de la ley federal y una violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
La juez Cardone, quien fue nominada por el presidente George W. Bush, dijo que es probable que el Departamento de Justicia tenga éxito en esos argumentos, al demostrar que permitir que la orden permanezca en vigor “conllevaría un riesgo de daño irreparable para el Gobierno federal”.