'Me han destrozado la vida, y la de ellos'
Febrero 04, 2022 - 09:25 a.m.
La detención del Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y ex mando en la extinta Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, abre una pequeña esperanza en la señora Austreberta Casales para que sus hijos, Verónica y Erik Razo, puedan salir de prisión
Ellos llevan más de una década presos sin sentencia, a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una comunicación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de excarcelar a quienes fueron torturados para autoincriminarse.
El funcionario también está acusado de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes oficiales entregados a la autoridad.
En entrevista con Grupo REFORMA, la señora Casales consideró que el detenido el miércoles en Aguascalientes podría saber algo del caso de sus hijos.
"Estaría muy bien que le pregunten, porque no se ha sabido nada. No sé qué tanto tenga que ver con el caso, pero si era jefe debe tener bitácoras", señaló.
También pide al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su promesa de liberar a las que fueron víctimas de tortura.
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"Hay recomendación de la CNDH, de la ONU, el Protocolo de Estambul. Ya legalmente tienen que salir, no hay una prueba en su contra, me han destrozado mi vida, y la de ellos, y la de sus hijos", reprochó.
"Ya el Presidente que cumpla lo que dijo, que todo aquel que fue torturado iba a salir libre".
La señora Casales recuerda que aquel 8 de junio de 2011, ella manejaba el auto y su hija la acompañaba.
Apenas se estacionaban en la Alcaldía Cuauhtémoc, dice, cuando fueron rodeadas por dos camionetas y varios sujetos armados vestidos de civil. En cuestión de segundos sacaron a Verónica y sin dar explicación alguna la metieron a una camioneta y se la llevaron.
Ella pensó que se trataba de un secuestro, pero luego se enteró que su hijo también había sido detenido y los acusaban de formar parte de una banda de secuestradores.
En aquella ocasión, la autoridad exhibió ante medios de comunicación a los hermanos y dijo que eran unos peligrosos delincuentes, pero 10 años y 8 meses siguen sin sentencia.
Erik se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, mientras que ella está en el Cefereso femenil 16, de Morelos.
"Estamos esperando que el juez emita la sentencia, pero nada todavía", comentó la señora Casales.
El año pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió su opinión al respecto.
"Los señores Rezo Casales han sido discriminados, atacados, humillados, maltratados, continuamente revictimizados y mantenidos en una situación de indefensión, todo lo que les ha provocado un profundo quebrantamiento en su personalidad, su identidad emocional y su salud mental", determinó.
"Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Razo Casales y a la Sra. Razo Casales inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".