La SIP expresa preocupación por demanda contra diario AM de México
Noviembre 20, 2020 - 04:41 p.m.
La organización consideró que la querella presentada por una exfuncionaria estaría buscando "inhibir al medio a seguir investigando e informando sobre actos de corrupción en la administración pública"
GUANAJUATO, México.- Los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica y a la fiscalización de la prensa que los particulares.
Miami (20 de noviembre de 2020).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su respaldo al periódico AM, de México, que enfrenta una demanda millonaria y desproporcional por difamación.
La organización consideró que la querella presentada por una exfuncionaria estaría buscando "inhibir al medio a seguir investigando e informando sobre actos de corrupción en la administración pública".
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Bárbara Botello, exalcaldesa de León (2012-2015), en el estado de Guanajuato, demandó por daño moral, calumnia, difamación y falsedad de información al propietario del periódico, Enrique Gómez Orozco, y exige una indemnización de 300 millones de pesos (alrededor de 14.5 millones de dólares). Botello argumenta que las investigaciones del diario sobre supuestos actos corrupción durante su mandato le han causado daños irreparables. Por otro lado, las investigaciones de AM fueron usadas por el Municipio de León para denunciar penalmente a la exalcaldesa por el delito de peculado; proceso judicial que no concluyó.
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El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijeron que si bien la SIP es respetuosa de los conflictos que los particulares tratan de resolver por la vía judicial, preocupa "estar frente a un caso típico de un funcionario público que busca desacreditar a un medio de comunicación, en lugar de demostrar la transparencia que dice haber tenido durante su gestión de gobierno, aspectos que son de interés público".
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, recordaron que los funcionarios públicos deben están más expuestos a la crítica y a la fiscalización de la prensa que los particulares. Consideraron que la justicia debe valorar lo expresado por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 10 consigna que en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público, "debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o tenía pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".
También, Canahuati se mostró sorprendido por el monto millonario de la demanda solicitado por la exfuncionaria. "Si la demanda contra AM tuviera lugar –dijo–, la justicia mexicana deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad, para evitar abusos y solicitudes excesivas de reparación monetaria que pudieran tener el mismo efecto inhibitorio para un medio que el castigo de cárcel contra su director y los periodistas".
Jornet añadió que muchas veces la intención detrás de estas demandas suele tener efectos nocivos para la libertad de prensa, "ya que lo que se busca es impedir al medio, o al periodismo en general, a seguir investigando e informado sobre actos de corrupción en la administración pública".
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.