La 4T desatendió cooperación con Centroamérica y fortaleció esquema de deportación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó en el aire las promesas de invertir en Centroamérica para detonar el desarrollo y evitar así la migración forzada, pues la Cancillería desatendió la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Centroamérica y el Caribe (ECFPMC) y gastó sus fondos en la modernización de 10 centros de detención migratoria en México y en costos de deportación, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al analizar la Cuenta Pública 2019 –del primer año de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador--, la ASF fiscalizó la aplicación de la ECFPMC, la cual nació durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con el objetivo de financiar programas y proyectos de infraestructura en Centroamérica.

La ASF observó que, ese año, se determinó que la estrategia financiaría la implementación de los programas sociales del gobierno mexicano en Centroamérica, pero sin erogar un peso para ello; en cambio, gastó más de 74 millones de pesos en la “rehabilitación de estaciones migratorias y albergues” y en el “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”.

Y es que, en el arranque de su sexenio, López Obrador prometió que la política migratoria de México cambiaría de manera radical bajo su gestión, pues en lugar de apostar a la detención y deportación de las personas migrantes centroamericanas, se enfocaría en acciones de desarrollo en la región que permitan a las personas permanecer en sus localidades de origen.

La estrategia –plasmada en un plan elaborado por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)-- no duró mucho, y en verano de 2019 la Cancillería mexicana acordó con la administración de Donald Trump un endurecimiento inédito de las medidas de contención migratoria, a través del despliegue la Guardia Nacional en las fronteras y la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM).

A la par de tomar las riendas de la política migratoria, la SRE también obtuvo el control del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, el brazo financiero de la ECFPMC, al que renombró “Fondo México”. Su gestión pasó a las manos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), controlada por Laura Elena Carrillo, una incondicional de Ebrard.

De acuerdo con la ASF, este traspaso conllevó ciertos problemas, pues la AMEXCID “no cuenta con atribuciones para intervenir en materias como la migratoria, la agrícola y la educativa, vinculadas con los programas que se autorizaron en 2019, por lo que su involucramiento directo en el diseño, ejecución y supervisión de todos los proyectos, puede representar riesgos tanto en la planeación y ejecución de los programas, y limitaciones en el cumplimiento de los fines de la Estrategia”.

En abril de 2020, la AMEXCID solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que exentara el Fondo México de desaparecer, como parte de la política de erradicación de los fideicomisos públicos federales impulsada por la presente administración; sin embargo, la dependencia a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez le negó la excepción.

La ASF señaló que, en 2019, la Cancillería no realizó la evaluación anual a la Estrategia que permitiera valorar los resultados obtenidos, por lo que no se contó con elementos que permitieran acreditar los beneficios de los apoyos financieros otorgados, ni  os avances en el cumplimiento de la finalidad de la Estrategia, para valorar su eficacia como instrumento para contribuir en el desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, así como en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la consolidación de relaciones sobre bases mutuamente provechosas, para coadyuvar, entre otros aspectos, en la reducción de la migración”.