La 4T cierra archivos históricos que antes ‘abrió’

Ciudad de México.

Un anuncio estilo oficio institucional, escrito en mayúsculas y con errores ortográficos –en realidad copia simple sin firma, sin sellos ni responsable formal–, sepultó indefinidamente la historia oficial de las represiones, los expedientes sobre las actividades tempranas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Esther Gordillo, Manuel Bartlett y otros funcionarios federales, así como de miles de personas cuya actuación pública fue definitiva en procesos electorales, actividades político-religiosas, relaciones y negociaciones con el hampa, e, inclusive, el registro que las policías políticas hicieron de las privatizaciones:

“Le informamos que a partir del 06 de enero de 2020 el fondo documental denominado ‘Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)’, estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Por su comprensión y apoyo. muchas gracias” (sic).

La imagen del anuncio fue difundida por la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, especializada en ese acervo desde 1998, año en el que por primera vez ese fondo estuvo abierto como parte de un convenio internacional suscrito y ratificado por México en materia archivística.

El 14 de febrero de 2019 el presidente López Obrador anunció la apertura de los fondos documentales de las policías políticas alojados en el Archivo General de la Nación (AGN). El 27 del mismo mes emitió un decreto reiterando la instrucción, pero la expectativa rápido se revirtió hasta dejar el acervo más inaccesible que en los tres sexenios anteriores debido a una serie de medidas administrativas que a mediados de abril redujeron a 200 versiones públicas las 3 mil que hasta entonces estaban disponibles. 

El fondo del IPS (que en realidad es el Fondo Gobernación, secciones IPS y DFS) fue abierto en 1998, en el contexto de la primera Comisión para la Verdad sobre la represión al Movimiento Estudiantil de 1968 y, pese a todo, jamás ha estado, como hoy, en el centro de la polémica, pues –según coinciden historiadores– hay una regresión en materia de transparencia y acceso al conocimiento del pasado inmediato.

Ángeles Magdaleno, quien ha dedicado la mayor parte de su carrera a documentar los procesos represivos del siglo XX, aventura una ironía: “Los perpetradores deben estar felices”.

Y es que en los archivos hoy vedados está documentado todo el conocimiento del presente: desde las primeras intervenciones telefónicas durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, hasta las privatizaciones salinistas; hay conversaciones enteras como producto del espionaje contra la agencia de noticias cubana Prensa Latina, expedientes de personalidades de todas las filiaciones ideológicas…

También hay expedientes de escritores como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, de periodistas como Julio Scherer García; de los represores y ejecutores del autoritarismo hegemónico como Miguel Nazar Haro y Jorge Carrillo Olea; de negociaciones de secuestros en los que intervino como mediador Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, así como, entre otros, de grupos que intentaban tomar el poder desde los años sesenta formando cuadros en la Iglesia, como Onésimo Cepeda o la Organización Nacional El Yunque.

La polémica por el cierre de lo que el AGN identifica indebidamente como Fondo IPS creció a lo largo de enero hasta que el AGN debió explicar que había solicitado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una revisión para proteger los datos de los individuos cuyos nombres aparecen en esos archivos. El pasado 30 de enero ambas instituciones emitieron una declaratoria conjunta que considera al “Fondo IPS de interés público” y anunciaron su apertura. 

Tras la aparente rectificación del AGN no existe fecha para su reapertura porque los documentos entraron a “proceso técnico”, lo que, en los hechos, los hace inconsultables por tiempo indefinido.

En entrevista con Proceso, Magdaleno Cárdenas apunta: un proceso técnico (que implicaría retiro de grapas, conservación, agrupación, entre otros tratamientos) puede llevarse todo el sexenio o más tiempo. En cualquier caso, un archivo que estaba abierto, ahora permanece cerrado.

APERTURAS Y CERRONES

Curiosidad histórica: días antes de la masacre de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz suscribió su adhesión al Consejo Internacional de Archivos… Fue hasta 25 años después que México abrió por primera vez el fondo IPS, en el contexto de los 30 años del 2 de octubre de 1968.

De acuerdo con Ángeles Magdaleno, esa apertura fue para consulta de la primera Comisión de la Verdad respecto a la represión estudiantil, es decir, hacia 1994. Pero unos meses después la Secretaría de Gobernación instruyó el cierre del fondo documental porque en él se encontraban nombres de quienes participaban en el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el fondo de IPS estaba la historia en la perspectiva oficial desde la integración de las Fuerzas de Liberación Nacional.

Aunque el clima político del país seguía enrarecido para 1998, recuerda Ángeles Magdaleno, fue en ese año cuando, siendo secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, se instruyó la apertura del fondo IPS para consultar sus archivos de hasta 30 años de antigüedad, así que para entonces se podía consultar hasta 1968 y cada año se avanzaría en el periodo de consulta.

Tampoco era de consulta abierta al público. Para entonces se tenía que presentar un proyecto que debía autorizar el secretario de Gobernación. 

Fue hasta 2002 cuando, como resultado de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos de movimientos sociales y políticos del pasado, en el sexenio de Vicente Fox se abrieron los archivos; se liberó totalmente el Fondo IPS y se ordenó el traslado del archivo histórico del Cisen, que incluía su antecedente, la Dirección Federal de Seguridad (DFS, esto es, otra sección del Fondo Gobernación), que fue ubicado en el AGN. 

Naturalmente, el archivo no incluía lo que estaba vigente, porque había actores relevantes y sólo se liberó para documentar violaciones graves a derechos humanos. La consulta quedó una vez más abierta, aunque bajo resguardo y control del propio Cisen.

Magdaleno Cárdenas dice que, como parte de la opacidad que suele aplicar cada gobierno, esa apertura era “mañosa”. Permitía consultar el índice temático pero no el onomástico, lo que complicaba la labor de los investigadores. Pone un ejemplo: si buscaban a un militante de la Liga 23 de Septiembre, les entregaban 170 legajos, aunque el archivo contara con la ubicación del nombre que se buscaba, lo que podía facilitar su localización.