Intervención de AMLO, ortodoxa sí, pero legal

Ciudad de México

Hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el proceso electoral 2020-2021 denunciaría los delitos electorales, evitaría el fraude electoral y, de plano, se convertiría en el “guardián de las elecciones”. 

La advertencia fue polémica por esos días, pero ahora que se ha materializado desde la segunda semana de mayo, ha detonado diversas acusaciones contra el Ejecutivo federal por intromisión en la contienda.

Renuente a suspender sus conferencias de prensa mañaneras, el mandatario acumula diferentes quejas por expresiones que tienen que ver con información sobre programas sociales, difusión de encuestas electorales y, en la polémica más reciente, por denunciar el reparto de tarjetas con promesa de apoyos económicos, en particular, del candidato del PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.

La discusión se ha centrado en dos principios importantes para una elección: el de autenticidad, por aquello de que los señalamientos e intervenciones del mandatario favorezcan o perjudiquen a candidatos, y el de libertad de voto, relacionado con el condicionamiento del voto a cambio de recursos, considera el investigador Jaime Cárdenas Gracia.

En la ortodoxia presidencial, lo que había era genuflexión ante los poderes fácticos, advierte Miguel Ángel Eraña Sánchez, investigador del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, quien coincide en que la posición presidencial es adecuada.

De hecho, abunda en el caso de Adrián de la Garza, pero también de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, entre otros, para destacar que el uso de programas sociales con fines electorales es equiparable a delincuencia organizada.

“Eso está en la legislación electoral y procesal penal: la posibilidad de que cualquier fiscalía pueda abrir carpetas de investigación por uso de programas sociales o sus apariencias; que a cambio de un beneficio social se pida el voto es un delito gravísimo y, sin embargo, no hemos visto mucha actuación de la fiscalía o no se ha sabido, pero no hemos visto que juec es de control puedan tener jurisdicción en plena campaña y que candidatos se vayan a la cárcel”.

¿Deber o intromisión?

Desde las declaraciones de junio último, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, consideró que el señalamiento presidencial podía referirse a los propios funcionarios de gobierno para que no intervengan en la elección, pero asegurando que el “guardián” de las elecciones es el organismo electoral.

El episodio fue uno más de las diferentes polémicas entre el consejero presidente del INE y el titular del Poder Ejecutivo, iniciada desde el primer mes de la 4T, cuando el gobierno federal anunció un plan de austeridad que implicaba la reducción de salarios.

Ahora, los partidos de oposición han insistido en llamados, denuncias y quejas por intromisión de López Obrador en la contienda, poniendo al INE y al TEPJF en la posición de tener que analizar su conducta, un asunto sobre el cual el propio mandatario ha considerado que no hay motivos para ser sancionado.

“En su momento, lo que tienen que determinar (las autoridades electorales) es si se trata de una intromisión indebida (del presidente) o de un deber de denunciar aquello que sea constitutivo de delito. Ahí está el dilema jurídico”, explica Cárdenas Gracia en entrevista con Proceso sobre las expresiones presidenciales.