Guzmán Loera, dueño de nada

Durante una década, la estadunidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó la existencia de una red de 257 empresas en México, Sudamérica y Europa con las que el Cártel de Sinaloa opera sus recursos financieros; pero en ninguna de ellas Joaquín El Chapo Guzmán aparece como propietario o accionista; tampoco ningún integrante de su familia ni presuntos testaferros, según una consulta realizada por este semanario en los archivos en línea de esa oficina.

El miércoles 17, la sentencia que emitió el juez Brian Cogan condenando al capo a cadena perpetua no incluyó los reportes elaborados periódicamente por el Departamento de Estado, con investigaciones de la DEA o de la CIA. Lo dicho por decenas de testigos durante el juicio contra El Chapo bastó para calcular el monto de sus ganancias en el tráfico de drogas.

“Guzmán Loera es el presunto líder de una empresa criminal multinacional multimillonaria que canalizó drogas a nuestras calles y violencia y miseria a nuestras comunidades”, dijo la fiscal general interina Sally Yates en un comunicado difundido tras haberse dado a conocer la sentencia y la intención de recuperar sus bienes.

En los documentos de la OFAC, El Chapo Guzmán sólo aparece de manera indirecta relacionado con algunos bienes. Nunca como propietario, lo que sí sucede con otros narcotraficantes, como Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, El Azul, quienes han invertido en empresas que lo mismo se dedican al transporte aéreo que a la administración de balnearios, desarrollos inmobiliarios, gasolinerías, bancos e incluso una fábrica de juguetes.

Tras ser sentenciado a cadena perpetua por haber introducido miles de toneladas de droga a Estados Unidos, las autoridades de ese país y las de México mencionaron su interés en coordinar el decomiso de los bienes del Chapo, que se calculan en poco más de 12 mil 666 millones de dólares.

Entre 2007 y 2017, periodo en que el Cártel de Sinaloa experimentó su mayor expansión, la organización criminal fue incluida en listas para prevenir el lavado de dinero fuera de México. Durante esa época Guzmán fue incluido en la lista de Forbes como uno de los hombres “más ricos del mundo”.

Pese a que la expansión del cártel se traslapa con su inclusión en la lista de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, también conocida como Ley Kingpin, elaborada para bloquear transacciones de ciudadanos estadunidenses con miembros del crimen organizado, el destino de la fortuna del Chapo sigue siendo una incógnita.

Para intervenir, el gobierno mexicano propuso la creación de una “comisión binacional” con el propósito de buscar los recursos.

En mayo de 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó incluir al narcotraficante colombiano Jorge Luis Llano Gazia en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SDNT); junto a él aparecieron los nombres del Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada.

La aparición de Llanos Gazia, con los que, años más tarde, serían identificados públicamente como los jefes del Cártel de Sinaloa, fue también la primera vez que El Chapo fue incluido en una red de lavado de dinero, aunque no como vínculo entre narcotraficantes y testaferros, sino su operador Agustín Reyes Garza, Don Pilo.

A decir del Departamento del Tesoro, Llanos Gazia montó dos empresas con el fin de lavar el dinero que ganaba con el tráfico de cocaína que posteriormente vendía al Cártel de Sinaloa. Se trataba de Audio Alarmas, S.A. de C.V., una compañía especializada en la instalación de sistemas de alarma, y Basaltos Tonalá, S.A. de C.V., dedicada a la venta de materiales de construcción, cerca de Guadalajara, donde Don Pilo depositaba el dinero de la venta de cocaína que Llanos Gazia se encargaba de comprar directamente en Colombia.