Exigen a Gobierno parar ola de despidos

Trabajadores y ex empleados del Gobierno contratados por honorarios se manifestaron en Palacio Nacional para exigir que termine con la ola de despidos que, aseguraron, afecta sobre todo a los que reciben menor salario.

"Desde diciembre se empezó una ola de despidos masivos, que ya cuenta decenas de miles y que de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno federal, dejará a más de 220 mil familias en la calle, un número que multiplica casi cinco veces el despido de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, despidos que en su momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció y prometió no permitir algo así en su Gobierno", aseguraron en un pronunciamiento.

Los trabajadores afirmaron que los más afectados han sido los que perciben un menor salario, con 6 mil pesos al mes y sin prestaciones.

Un ejemplo, dijeron, es el caso de los trabajadores del DIF de la Ciudad de México que ganan en promedio esa cantidad mensual, mientras que la directora, la ex diputada Estela Damián, gana 100 mil pesos, más 50 mil en prestaciones.

"Mientras se ataca educación, salud y cultura, se establecen 70 mil millones de pesos para financiar la Guardia Nacional, que continuará militarizando el País, política que dejó cientos de miles de asesinados, decenas de miles de desaparecidos y cotidianas violaciones a derechos humanos", expresa el comunicado.

"Mientras golpean nuestros derechos laborales y dejan a millones de familias en las calles se mantiene intactos los intereses de los grandes capitalistas (como Slim y Azcárraga antes mafia del poder, hoy invitados de honor del informe de Gobierno), que se enriquecen con nuestros bajos salarios, nuestras extenuantes jornadas y acabando nuestros recursos naturales".

Los trabajadores recordaron los casos de despidos en centros de investigación y educación pública como el Instituto Mora, en el UPN, el CINVESTAV o el CONACYT.

Además acusaron que el programa federal de "Jóvenes construyendo el futuro" que da una beca de 3 mil 600 pesos a cada joven aprendiz sirve para agudizar la precariedad laboral así como para justificar los despidos.

"En nuestros centros de trabajo donde se integran por cientos, realizan funciones antes realizadas por trabajadores despedidos en anteriores meses. Sin duda es necesario también luchar contra esas formas de simulación laboral", indica el documento.

Alejandra Sepúlveda, una de las afectadas, afirmó que según registros de organizaciones de mujeres, ellas han sido el 60 por ciento del personal despedido o que ya no recontratado.

Su propio caso, dijo, es un ejemplo, pues la despidieron del DIF aun estando embarazada.

"Ellos dicen ser un Gobierno que quiere al pueblo y sin embargo los más afectados son los trabajadores más precarios, eso no es ser un gobierno para el pueblo", acusó en entrevista.

Sepúlveda denunció además que el Gobierno federal promueve una campaña de desprestigio contra el personal despedido, pues afirma que ellos no trabajaban o no hacían falta o eran corruptos.